(Foto: El Tiempo).- La pregunta no es un chisme de redes: es un termómetro moral del fútbol moderno. ¿Puede la FIFA quitarle la sede del Mundial 2026 a Estados Unidos por el ataque a Venezuela? En un planeta donde el balón ya no rueda lejos de la geopolítica, la Copa del Mundo se volvió vitrina, escudo y premio. Y cuando el anfitrión aparece asociado a una crisis internacional, la FIFA queda atrapada entre su discurso de derechos humanos y su reflejo más habitual: proteger el negocio.
La respuesta fría —la que incomoda— es que los estatutos no contemplan una sanción directa al Estado por acciones militares o decisiones geopolíticas. La FIFA sanciona federaciones, no gobiernos. Su código disciplinario se enfoca en lo deportivo: reglamentos, discriminación, conducta en competiciones. Incluso el artículo que invoca “respeto a los derechos humanos” suena más a compromiso declarativo que a llave operativa para castigar a un país anfitrión. En simple: hay frases, pero no hay herramientas.
Sin embargo, aquí viene el detalle que desmonta la comodidad jurídica: la FIFA ya ha demostrado que puede actuar “por fuera” de la literalidad cuando le conviene. El ejemplo de Rusia en 2022 no fue una jugada estrictamente deportiva, sino una decisión administrativa bajo el concepto de “fuerza mayor”: sanciones, riesgos de viaje, integridad de la competencia, seguridad. Se construyó una salida excepcional y se aplicó. Entonces el debate real no es “si puede”, sino cuándo decide que sí puede.
Y esa diferencia se llama discrecionalidad. Una palabra elegante para describir un poder sin reglas claras, que se activa o se congela según el contexto, los aliados y el costo. Cuando la FIFA se refugia en “no hay fundamento legal”, no está defendiendo el derecho: está defendiendo una zona de confort. Porque si el Mundial 2026 es el evento deportivo más grande, con contratos multimillonarios y sede triple, ¿quién cree de verdad que la organización lo movería por coherencia ética si eso amenaza su estructura económica?
El riesgo de fondo es doble. Primero, la credibilidad: si la FIFA puede invocar derechos humanos como slogan y al mismo tiempo declararse impotente cuando el escenario se vuelve incómodo, el mensaje es que los principios son decorado. Segundo, el precedente: un fútbol que sanciona duro a unos y negocia silencioso con otros termina politizando lo que dice despolitizar, pero de la peor manera: con arbitraje desigual.
Legalmente, la FIFA dice que no tiene un mecanismo claro para quitarle la sede a Estados Unidos. Políticamente, la historia demuestra que la FIFA siempre encuentra mecanismos cuando decide encontrarlos.
Reflexión final
El Mundial 2026 ya no se juega solo en la cancha: se juega en la coherencia. Si la FIFA puede moverse por “excepciones” cuando le conviene y esconderse en estatutos cuando no, entonces la neutralidad no es neutralidad: es estrategia. Y en esa estrategia, el fútbol no sale protegido… sale usado.