(Foto: La República). Cuando un país empieza a reconocer más rostros de autoridades en noticieros judiciales que en balances de gestión, ya no hablamos de “casos aislados”: hablamos de un patrón. El 2025 dejó una postal repetida —y peligrosa— en la política regional y municipal: Ciro Castillo, Arturo Fernández Bazán, César Acuña y Ulises Villegas como símbolos de una misma enfermedad institucional: autoridades investigadas, condenadas, ausentes o prófugas, mientras el Estado luce incapaz de imponer lo mínimo: cumplimiento de la ley.
Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, protagoniza el tipo de historia que degrada cualquier noción de autoridad: una investigación por presunta organización criminal, una orden judicial y un escape “clandestino” que termina con el político fuera de alcance y el Estado lleno de excusas. La escena se sostiene sobre un hecho indignante: cuando la justicia toca la puerta, el poder ya salió por la ventana. Y mientras la ciudadanía paga el costo de la corrupción en obras, seguridad y servicios, la respuesta institucional se reduce a “fallas de coordinación”.
Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, completa el libreto con una variante más corrosiva: condena y orden de captura, pero también campaña activa desde la clandestinidad. En lugar de que una sentencia cierre un capítulo, aquí abre una temporada nueva: el condenado se victimiza, se promociona, acusa persecución y convierte la fuga en plataforma. Lo más grave no es su discurso: es que el sistema le permite sostenerlo.
Luego está César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder partidario, quien encarna el deterioro por ausencia reiterada y controversias familiares y fiscales alrededor de su entorno. El problema no es solo cuántos días se aleja del cargo: es el mensaje que deja en el territorio. En regiones golpeadas por violencia e informalidad criminal, la ausencia de conducción política se traduce en vacío de control, y los vacíos se llenan rápido: por redes ilegales, por extorsión, por captura de instituciones.
Finalmente, Ulises Villegas, alcalde de Comas, aparece como el rostro del colapso municipal: condena confirmada, captura pendiente e investigaciones paralelas, mientras el aparato local se mantiene en tensión y el debate de vacancia se vuelve un laberinto. Cuando una sentencia no produce consecuencias, la ley se convierte en adorno y la política en refugio.
Castillo, Fernández, Acuña y Villegas no son la excepción: son el síntoma de una estructura que tolera el abuso de poder y normaliza la impunidad. El Estado no solo falla en prevenir: falla en ejecutar. Y cuando el sistema no puede capturar, sancionar ni apartar a autoridades cuestionadas, lo que se erosiona no es una gestión: es la confianza en la democracia.
Reflexión final
Un país no se rompe solo por corrupción, sino por impunidad. Y hoy el Perú parece haber aceptado una idea inaceptable: que se puede gobernar investigado, hacer política condenado, liderar ausente o seguir mandando prófugo. Ese es el verdadero escándalo: no los nombres —que ya los conocemos— sino que el sistema siga funcionando como si no pasara nada.