Que 88 congresistas del actual Parlamento busquen reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a 2026 no es una anécdota electoral: es un síntoma político. En un país fatigado por la inseguridad, el estancamiento y la frustración institucional, la prioridad de buena parte de la clase legislativa parece ser una sola: asegurar continuidad, no corregir el rumbo. La bicameralidad, que pudo presentarse como una oportunidad para elevar estándares, arranca con un mensaje inquietante: aquí no se renueva nada; aquí se recicla el poder.
El retorno del Senado y la Cámara de Diputados abre nuevas curules, nuevas atribuciones y, por tanto, nuevas responsabilidades. Pero en vez de ver una convocatoria de perfiles con experiencia técnica, vocación de servicio y probada solvencia ética, lo que aparece con fuerza es una dinámica conocida: el desfile de rostros que el país ya vio actuar —y muchas veces decepcionar— en un Congreso que acumuló rechazo ciudadano. Es, en términos simples, una apuesta por la “memoria corta” como estrategia política: confiar en que el ruido del día, el algoritmo y el cansancio social borren lo que ocurrió ayer.
La reelección, en teoría, es un mecanismo democrático legítimo: permite que los buenos representantes continúen su labor y que el ciudadano premie la eficacia. El problema es que, en nuestro caso, la reelección se ha convertido en otra cosa: un seguro de permanencia para quienes han normalizado tres prácticas corrosivas.
Primero, la coherencia líquida: discursos que cambian de forma según la coyuntura. Se condena hoy lo que se defendió ayer, se promete lo que se votó en contra, se critica lo que luego se utiliza para postular. La ideología, cuando existe, se vuelve utilería. Lo que importa no es sostener una visión, sino sostener la curul.
Segundo, la migración partidaria como deporte nacional: bancadas como estaciones de paso, alianzas como taxis electorales. Se habla de “representación”, pero se practica el traslado constante de etiquetas. En un sistema así, el votante no elige proyectos: elige envases. Y los envases se cambian cuando conviene.
Tercero, la normalización del escándalo: investigaciones, cuestionamientos, contradicciones, polémicas reiteradas que ya no obligan a retirarse, sino a entrenar un músculo cínico: aguantar, negar, relativizar, y seguir. El mensaje se vuelve pedagógico —pero al revés—: en política, resistir el cuestionamiento es suficiente para aspirar a más poder.
La bicameralidad, entonces, corre el riesgo de nacer como una ampliación del problema. Porque no basta con tener dos cámaras si la cultura institucional es la misma: más asesores, más oficinas, más cargos, más presupuesto… pero el mismo reflejo defensivo cuando se pide rendición de cuentas. Y, peor aún, la misma indiferencia cuando la realidad exige legislación seria: seguridad ciudadana, economía familiar, reforma del Estado, servicios públicos, justicia. Si el Congreso se mira a sí mismo primero, la nación queda para después.
Que 88 congresistas busquen reelegirse es una provocación política y una prueba moral para el país. No porque la reelección sea ilegítima, sino porque el impulso mayoritario a “seguir” parece desligado de un balance autocrítico. La pregunta inevitable es: ¿qué “mérito” se está presentando como argumento? ¿Productividad legislativa útil? ¿Fiscalización efectiva? ¿Reformas de impacto? ¿O solo la habilidad de sobrevivir al descrédito?.
Las elecciones 2026 no serán solo una competencia de partidos; serán un plebiscito sobre la tolerancia ciudadana frente al reciclaje del poder. Si el Congreso bicameral empieza con continuidad automática, la promesa de reforma se convertirá en decepción institucional. Y si la ciudadanía convierte la indignación en voto informado, quizá por fin la política entienda una regla básica: la representación no se hereda, se gana; y la confianza no se exige, se merece.
(Foto: Vigilante).