Que los transportistas anuncien un paro para el 15 de enero no es un “capricho gremial”: es el síntoma de un país donde trabajar se ha vuelto una actividad de alto riesgo. En Lima y Callao, el volante ya no solo esquiva baches y tráfico: esquiva amenazas, cupos y balas. Y cuando el miedo se vuelve rutina, el paro aparece como el último lenguaje disponible para quienes llevan años pidiendo lo básico: seguridad para vivir.
Los gremios lo dicen sin rodeos: la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad no está a la altura. No basta con declarar estados de emergencia como si fueran comunicados de prensa, ni con repetir que “se ha reducido” lo que las calles desmienten a diario. Si en solo nueve días del año ya se reportan atentados, el problema no es de percepción: es de control territorial.
Se estima que unas 250 empresas se sumarían, y que alrededor de 12.000 unidades podrían dejar de circular, afectando hasta el 80% del servicio. Traducido a la vida real: trabajadores sin movilidad, estudiantes sin clases, pacientes sin consultas, ciudades paralizadas. Pero el fondo es más grave: el transporte público está siendo empujado a una normalidad intolerable, esa donde pagar extorsión se vuelve “costo operativo” y callar se vuelve “protocolo de supervivencia”.
Y aquí entra el nudo político: Jerí, a más de tres meses de gobierno, no ha sido capaz de convocar a todos los sectores para construir un Plan Nacional de lucha contra la criminalidad. Eso no es falta de tiempo: es falta de conducción. Un Estado que no coordina inteligencia, fiscalía, gobiernos locales, transporte, educación y comunidad, termina haciendo lo único que sabe: reaccionar tarde y fragmentado.
Mientras tanto, la violencia no discrimina: choferes asesinados, unidades atacadas, pasajeros expuestos. El año pasado cerró con decenas de conductores muertos y ataques armados al transporte. Y aun así, se insiste en slogans y anuncios que no llegan a la calle. La metáfora se escribe sola: como el Sabancaya, el país emite cenizas de advertencia; solo que aquí la nube no es natural, es criminal.
El paro del 15 es una protesta, sí, pero también una acusación: el Estado está perdiendo presencia donde más importa, en la vida cotidiana. Y cuando la autoridad retrocede, las mafias avanzan.
Reflexión final
Una democracia se mide por su capacidad de garantizar que nadie tenga que elegir entre trabajar o vivir. Si el transporte se detiene, no se detiene por gusto: se detiene porque el miedo ya está manejando. Y cuando el miedo conduce, el país entero va sin frenos. (Foto: La República).