En el Perú, la política tiene una habilidad inquietante: convertir los expedientes en ruido de fondo y las investigaciones en “detalle”. Por eso, que Fuerza Popular llegue al 2026 con Keiko Fujimori y toda su plancha presidencial investigadas por lavado de activos no es una anécdota de campaña: es una señal de alarma democrática. No se trata de un ataque ideológico ni de una discusión de simpatías. Se trata de algo más básico: ¿qué tipo de poder queremos ponerle sello popular en las urnas?
El relato es conocido, pero no por eso menos grave. Tras el cierre anticipado del “Caso Cócteles” por decisión del Tribunal Constitucional, Keiko anunció —como si el país funcionara por guion— su cuarta postulación. Y el mensaje implícito fue claro: “pasemos la página”. El problema es que la página no está en blanco. Está llena de nombres, transferencias, inmuebles, campañas y sospechas que no desaparecen porque un eslogan pida “reconciliación”.
La acusación central vincula a la candidata y a su entorno con una presunta red de lavado articulada alrededor de Joaquín Ramírez y fondos desfalcados de la Universidad Alas Peruanas. La investigación describe inmuebles usados como sedes, operaciones inmobiliarias, pagos por “asesorías” y un flujo de dinero que, según la fiscalía, buscó convertir recursos manchados en músculo político. Y si eso no bastara, se suma otra línea: el presunto financiamiento opaco de la campaña del “fraude” del 2021, con recursos destinados a impugnaciones masivas y estrategia legal sin pruebas, pero con presupuesto.
Lo más inquietante no es solo la denuncia: es el patrón. Fuerza Popular aparece, una y otra vez, orbitando en el mismo problema: el dinero. Dinero que no se explica, que se justifica tarde, que se presenta como “aporte”, “apoyo”, “asesoría”, “alquiler”, “venta”, “servicio”. Palabras limpias para transacciones sospechosas. Mientras tanto, la ciudadanía escucha lo de siempre: que todo es persecución, que todo es complot, que la justicia molesta cuando toca a los mismos.
Y aquí entra el punto político: de 32 fórmulas presidenciales habilitadas, solo una carga con los tres integrantes de la plancha investigados por lavado. No es poca cosa. No es “un caso más”. Es la fotografía de un partido que quiere volver al poder con el lastre completo, esperando que el país ya esté cansado de indignarse.
Una democracia seria no normaliza que una plancha presidencial avance entre investigaciones como quien cruza una calle con semáforo en rojo: confiando en que nadie le dirá nada. Votar no es absolver. Elegir no es borrar.
Reflexión final
El Perú no está obligado a premiar la repetición del escándalo. Si la política insiste en tratar la ética como obstáculo y la justicia como enemigo, la ciudadanía tiene una única respuesta legítima: convertir el voto en auditoría moral. Porque cuando el poder se construye con dinero sospechoso, lo que se lava no es solo plata: se intenta lavar la memoria del país.(Foto: Gensitel).