En el Perú, la deuda bancaria no es eterna, aunque el miedo sí lo parezca. El Código Civil contempla una figura que muchos descubren tarde, cuando ya viven con llamadas de cobranza, ansiedad y el sueldo partido en cuotas: la prescripción. La pregunta —directa, incómoda y necesaria— es: ¿en cuántos años prescribe una deuda bancaria? En regla general, a los 10 años desde el incumplimiento. Pero lo realmente importante es lo que viene después de esa cifra, porque el sistema se encarga de que “vencer” no signifique “liberarse”.
Diez años suena a plazo claro. En la práctica, se siente como un corredor largo con puertas cerradas. Durante esa década, el acreedor tiene margen para accionar legalmente, presionar, negociar, refinanciar, reprogramar o empujar al deudor a pagos mínimos que mantienen la rueda girando. El crédito, que se vende como solución inmediata, se convierte en una presencia constante en la vida cotidiana: decisiones de comida, transporte, salud y educación filtradas por la deuda.
Y luego viene el primer golpe de realidad: la prescripción no ocurre sola. No es que el día 3.651 el sistema diga “listo, se acabó”. No. Para que exista formalmente, el deudor debe solicitarla ante un juez y demostrar que ya transcurrió el plazo. Es decir, el “derecho al respiro” exige trámite, documentos, asesoría, tiempo… y dinero. En buen castellano: la ley ofrece una salida, pero cobra entrada. Y no todos pueden pagarla.
El segundo golpe es más silencioso y más cruel: aun cuando el juez declare prescrita la deuda, el historial negativo puede seguir apareciendo en centrales de riesgo por años, afectando tu calificación crediticia. Así, el sistema te dice: “ya no te cobro por la vía judicial”, pero al mismo tiempo te susurra: “igual no te confío”. No hay embargo, pero hay castigo; no hay demanda, pero hay bloqueo. La deuda “vence”, pero el estigma continúa.
Esto pinta una escena que merece indignación: el mercado financiero tiene herramientas, abogados y plataformas; el ciudadano promedio tiene incertidumbre y miedo. Se habla de educación financiera como si todo fuera “responsabilidad individual”, mientras el entorno empuja a endeudarse para cubrir necesidades básicas: alimentos, transporte, salud, vivienda. Y cuando el deudor se cae, se le ofrece una cuerda… con nudos legales.
Sí, las deudas prescriben en 10 años. Pero la prescripción no es automática ni sencilla. Es una puerta que se abre solo si alguien puede empujarla con recursos.
Reflexión final
Si un país reconoce que el cobro tiene límite, debería reconocer también que la reinserción financiera debe ser real. De lo contrario, la “fecha de vencimiento” es solo un maquillaje legal: la deuda se extingue en el papel, pero sigue viva en la vida. Y ese es el negocio perfecto: cobrar mientras se puede y castigar cuando ya no se cobra. (Foto: Diario Expreso).