En Lima y Callao, el “estado de emergencia” se ha convertido en el papel membretado de la impotencia. Se firma para demostrar autoridad, pero termina confirmando lo contrario: que el Estado no logra controlar la violencia en condiciones normales. Y la cifra que desnuda el teatro es demoledora: cinco de los diez meses con más homicidios ocurrieron mientras regía el estado de emergencia. Si la medida era para frenar la matanza, el resultado parece una burla estadística.
La emergencia se vende como “mano dura”, pero opera como “mano ocupada”: ocupada en anuncios, patrullajes fotogénicos y prórrogas sucesivas. Se decreta, se renueva y se vuelve a decretar, como si la seguridad pública fuera un documento que se imprime cada vez que sube el miedo. Mientras tanto, el crimen no se inmuta: se adapta. Porque una emergencia sin inteligencia sostenida, investigación criminal, persecución del dinero, control de armas, coordinación fiscal-policial y estrategia penitenciaria es solo un cambio de iluminación, no de guion.
Lo más mordaz es que el Estado de emergencia termina funcionando como un tranquilizante político: calma al gobierno, no a la ciudadanía. Permite decir “estamos actuando” incluso cuando la evidencia muestra que la tendencia de homicidios no se detiene. Y cuando el indicador más básico —la vida— sigue cayendo, la medida ya no es “insuficiente”: es un síntoma de improvisación.
En lugar de rendir cuentas por resultados, el poder suele elegir el camino más cómodo: discutir la fuente, relativizar la cifra, enredar el debate técnico. Es una forma elegante de patear la responsabilidad. Pero la calle no discute metodologías: la calle cuenta muertos, paga cupos, cambia rutas, se encierra temprano y aprende a vivir en modo supervivencia. En ese contexto, cuestionar el termómetro sin presentar un tablero actualizado, transparente y completo no es rigor: es escapismo.
Y así, la emergencia se vuelve un hábito nacional: una política que no corrige el problema, solo administra la percepción. El Estado se acostumbra a reaccionar; el crimen se acostumbra a mandar. Y la ciudadanía se acostumbra a lo inaceptable: vivir bajo “medidas excepcionales” como si fueran parte del clima.
Si cinco de los diez meses más letales coincidieron con estado de emergencia, la pregunta ya no es si hay que “prorrogar” la medida, sino por qué se insiste en ella como si fuera solución. Un decreto no reemplaza estrategia. Y la estrategia no puede ser eterna promesa.
Reflexión final
El estado de emergencia debería ser un puente hacia el control. En Lima y Callao se está convirtiendo en otra cosa: el acta oficial de que el Estado llega tarde, se queda corto y luego pide aplausos por intentarlo. Mientras tanto, los homicidas no respetan decretos. Y el país no debería respetar excusas. (Foto: Canal B).