A una semana de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, un documento fiscal estadounidense de 25 páginas ha convertido el caso venezolano en un asunto continental. La acusación no se limita a señalar delitos individuales: describe una presunta estructura criminal donde el poder político habría operado como plataforma para el tráfico de cocaína, la protección de rutas y la articulación con actores armados y cárteles transnacionales. El debate, por tanto, trasciende a una figura: interpela a la idea misma de Estado cuando se le acusa de funcionar como engranaje del narcotráfico.
La tesis central del expediente sostiene que, durante años, el chavismo no combatió la economía ilícita, sino que habría administrado su lógica: facilitar pasaportes, permitir salidas aéreas y marítimas, proteger pistas clandestinas y “cobrar” por servicios de seguridad. La acusación atribuye a Maduro un rol directivo en la coordinación, y a su entorno —incluida Cilia Flores— una participación en reuniones, intermediaciones y acuerdos con operadores que buscaban garantías para mover cargamentos.
El documento presenta a Venezuela como corredor estratégico. La cocaína producida en Colombia habría ingresado al país para luego salir por el Caribe, Centroamérica y México con destino final a Estados Unidos. Se mencionan modalidades variadas: lanchas rápidas, barcos pesqueros, contenedores, vuelos comerciales y aeronaves privadas que despegarían desde pistas bajo protección de fuerzas armadas o redes conectadas al poder. En 2020, la cifra estimada de tránsito —250 toneladas anuales— refuerza la dimensión industrial del fenómeno.
Las alianzas descritas amplían el alcance. El expediente conecta al chavismo con guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, con organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas (hoy Cártel del Noreste), y con el Tren de Aragua como actor logístico y de control territorial. Esta red, si se sostiene probatoriamente, explicaría por qué la violencia y la corrupción se expanden como sistema regional: no solo circula droga; circulan armas, lavado de activos, cooptación de instituciones y migración forzada.
La etapa judicial será decisiva. Se anticipa una estrategia de dilación, disputas de jurisdicción y alegatos de inmunidad. En ese terreno, los testigos se vuelven pieza central: “El Pollo” Carvajal, detenido en Estados Unidos; Leamsy Salazar, testigo protegido; y posibles colaboradores del entorno del Cártel de Sinaloa, entre otros. El proceso no dependerá del impacto del relato, sino de la consistencia de la evidencia.
El narcoexpediente plantea una hipótesis grave: la captura del Estado por redes criminales. Si la fiscalía logra sostenerla, el caso marcará un precedente sobre cómo se persigue el narcotráfico cuando este se confunde con la gobernanza.
Reflexión final
Más allá del juicio, la pregunta incómoda queda instalada: ¿cuántas democracias pueden resistir cuando el crimen organizado ya no busca corromper al poder, sino convertirse en poder? En América Latina, la respuesta no puede ser solo punitiva: exige instituciones, cooperación real y trazabilidad del dinero que financia la violencia. (Foto: Ahora. Com).