Castillo empezó el desastre, Boluarte lo continuó y Jerí lo completó. Tres presidentes, un solo denominador común: desgobierno. Lo que se ha vivido no es una “crisis política” más, de esas que se resuelven con discursos solemnes y cambios de gabinete. Es un proceso de degradación sostenida: el Estado retrocede, las instituciones se encogen y el país se acostumbra —a la mala— a que lo esencial funcione a medias o no funcione. Perú no está en una curva peligrosa: está en caída, y lo más grave es que muchos actúan como si fuera normal.
En salud, la precariedad ya no es noticia: es rutina. La educación sigue atrapada entre infraestructura deficiente, brechas y una política pública que cambia de prioridad según el escándalo de la semana. La agricultura y la alimentación se sostienen por el esfuerzo del ciudadano y el productor, no por un Estado que planifique con visión territorial. Y mientras tanto, minería y economía se mueven entre informalidad, conflictos, permisos grises y ausencia de autoridad real. Todo esto no ocurre en paralelo: ocurre en conjunto, como piezas de un mismo colapso.
El síntoma más brutal es la seguridad. El país está tomado por bandas organizadas que han convertido la extorsión en un impuesto criminal. Se paga para trabajar, para circular, para abrir un negocio, para no ser atacado. Hay muertes, amenazas, secuestros, balaceras y “cupos” como parte del paisaje. Y cuando la violencia se vuelve paisaje, el Estado deja de ser Estado: se vuelve comentarista.
La respuesta del poder ha sido un repertorio repetido: estados de emergencia, operativos anunciados, promesas de “plan” que siempre viene después, y una narrativa que intenta culpar a la protesta o a la “política” cuando la gente reclama protección. Como si el problema fuera el reclamo y no el crimen. Como si el ciudadano tuviera que justificar por qué no quiere vivir bajo amenaza.
El punto que muchos evitan: minería ilegal y narcotráfico. Aquí está la línea roja que el país no puede seguir esquivando: el avance de la minería ilegal y el narcotráfico. No son “delitos más” en la lista. Son economías criminales con capacidad de corromper autoridades, comprar silencios, infiltrar instituciones, financiar campañas, controlar territorios y reescribir reglas. Cuando esas economías crecen, la extorsión se multiplica, el sicariato se profesionaliza y la violencia deja de ser marginal: se vuelve sistema.
Hablar de “narcoestado” no es exagerar por gusto; es advertir el rumbo. Un narcoestado no se decreta de un día para otro: se construye con tolerancia, con omisión, con burocracia cómplice, con fiscalización que no llega, con carreteras y ríos sin control, con policías sin logística y con políticos que prefieren el titular corto antes que el costo de enfrentar redes que operan con dinero, armas y miedo.
El legado Castillo–Boluarte–Jerí no es solo inestabilidad: es el debilitamiento de lo público. Tres gobiernos sin capacidad real de ordenar prioridades y ejercer autoridad legítima han empujado al Perú a un punto donde el ciudadano siente que está solo. Y cuando el ciudadano está solo, manda el que tiene violencia y dinero.
El país necesita algo más que un cambio de rostro: necesita recuperar Estado. Sin una estrategia nacional contra el crimen organizado —incluyendo minería ilegal y narcotráfico como ejes centrales—, la democracia seguirá siendo un trámite y la vida cotidiana una negociación con el miedo. Castillo encendió el incendio, Boluarte lo dejó arder y Jerí no lo apagó. La pregunta, rumbo a 2026, es si el Perú seguirá normalizando el fuego… o por fin exigirá que alguien gobierne de verdad.(Foto: Democracia Conectada).