En el Perú, la política tiene un talento particular: convertir la vergüenza en trámite. Hoy lo confirma un dato que debería encender todas las alarmas institucionales: 17 candidatos con sentencias por peculado figuran en sus hojas de vida registradas ante el JNE. No hablamos de chismes ni de “campañas sucias”, sino de antecedentes declarados. Y aun así, varios siguen en ruta electoral como si el delito fuera una estación inevitable del currículum y no una línea roja para quien pretende administrar fondos públicos.
El peculado no es una falta menor: es apropiarse de recursos del Estado, es decir, de lo que debía convertirse en salud, seguridad, educación, infraestructura y atención social. El daño no es abstracto: se mide en servicios que no llegaron y necesidades que quedaron en cola. Aun así, el mapa de estos antecedentes muestra algo peor que la reincidencia: la normalización transversal.
Los nombres están ahí, partidos distintos, historias distintas, el mismo patrón:
o Perú Primero: Mario Vizcarra (2005), José Luis Chenet (2016) y Diosdado Unocc Arana (2016).
o APRA: Geni Valentín (1997) y Buenaventura Ríos (1997).
o Ahora Nación: Andrés Asín (2016) y Aurelio Zavala (2010).
o Progresemos: Óscar Vega (2004) y Edwin Donayre (2018).
o APP: Eduardo Carhuaricra (2013).
o Fuerza Popular: Nilo Romero (2016).
o Podemos: Mario Montes (2014), quien además consigna otra sentencia por malversación de fondos.
o Renovación Popular: Absalón Vásquez (2008), señalado como cómplice de peculado.
o Unidad Nacional: Efigenia Arnao (2004), quien adicionalmente registra una sentencia por falsa declaración en procedimiento administrativo (2014).
o OBRAS: Arturo Eusebio (2025).
o Integridad Democrática: Cleofe Monzón (2006).
o Perú Libre: Virgilio Huerta (2021).
Ahora vendrá el libreto: “pena cumplida”, “sentencia suspendida”, “ya pagué”. Legalmente puede cerrar un capítulo. Políticamente, no debería. Porque la política no es un programa de reinserción: es administración de poder y recursos. Y si el antecedente incluye haber sido condenado por tocar el dinero público, el estándar ético mínimo no puede ser “ya pasó”, sino “no corresponde”.
Lo más corrosivo es el mensaje a la ciudadanía: robar no te expulsa de la vida pública; solo te obliga a explicarlo mejor. Se discute con pasión si tal candidatura está “admitida”, “inscrita”, “improcedente” o “en apelación”, mientras se evita el debate central: ¿cómo llegamos al punto en que esto es aceptable?.
Si 17 candidatos con sentencias por peculado siguen figurando en la oferta electoral, el problema no es solo jurídico: es institucional y moral. La democracia no se debilita únicamente por fraudes; se desgasta cuando se acostumbra a convivir con antecedentes que deberían inhabilitar políticamente, aunque formalmente estén “cumplidos”.
Reflexión final
El 2026 no puede ser otra elección donde el ciudadano vota con la nariz tapada y luego se sorprende de los resultados. Un voto consciente empieza por lo elemental: no premiar el historial de saqueo. Porque cuando el país acepta que el peculado sea solo un “antecedente”, el siguiente capítulo está escrito: el presupuesto vuelve a ser botín, y la indignación… vuelve a ser rutina. (Foto: Congrezoo).