El APRA vuelve a ofrecer una escena conocida: una organización histórica atrapada entre reglamentos que se invocan en discurso y se doblan en la práctica. Esta vez, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 admitió una tacha contra su lista de candidatos al Senado —donde figuran Jorge del Castillo y Carla García— por presuntas irregularidades en el respeto a los resultados de sus elecciones primarias. En pleno 2026, el problema no es solo legal: es moral e institucional. Porque si un partido no puede respetar su propia democracia interna, ¿con qué autoridad pide gobernar la democracia del país?.
La denuncia llega desde adentro. El militante Edwin Briceño Fuentes sostiene que la Comisión Política Nacional del APRA habría presentado una lista distinta a la que correspondía según el ranking de votación de las primarias. Según el documento, habrían sido dejados fuera Víctor López García y el propio Edwin Briceño, pese a estar entre los quince candidatos hombres más votados. En su lugar, se habría incorporado a Moisés Tambini del Valle y César Bazán Naveda. El alegato es directo: Tambini habría quedado alrededor del puesto 20 y la invitación de Bazán “no se justificaría” porque había suficientes candidatos para completar la lista.
Aquí aparece la gran ironía: la ley de paridad y alternancia exige equilibrio y orden intercalado entre hombres y mujeres. Perfecto. Pero la paridad no es coartada para torcer resultados. La alternancia no debería ser un atajo para “ajustar” listas como quien corrige una nómina. Lo que se discute no es una sutileza: es si el voto aprista en primarias fue un mecanismo real o un trámite decorativo.
Y esto ocurre cuando el país ya está saturado de partidos que hablan de institucionalidad mientras practican el “a dedo” con otra ropa. La crisis no es solo del APRA: es del sistema que normalizó la idea de que las reglas son “flexibles” cuando estorban a la cúpula. Al final, el mensaje al militante es brutal: participe, vote, haga cola… y luego espere a ver si su voto será respetado o reescrito.
El JEE dio al APRA un día para presentar descargos y advirtió que, con o sin ellos, resolverá la tacha. Ese plazo mínimo también retrata la urgencia: estamos en la recta final electoral y ya no hay espacio para el desorden crónico.
La tacha no es un detalle administrativo. Es la evidencia de que un partido puede llegar a la contienda nacional con su casa interna en disputa. Y cuando la cocina partidaria es opaca, el país termina comiendo lo mismo: improvisación, conflictos y crisis de legitimidad.
Reflexión final
Si las primarias se vuelven un trámite que la cúpula “corrige”, entonces no hay democracia interna: hay simulación. El APRA —como cualquier partido— tiene derecho a competir, pero no a pedir confianza mientras practica el atajo. Porque cuando un partido no respeta su propio voto, lo que está en juego no es una lista: es la idea misma de que el voto sirve para algo. (Foto: La República).