El 2026 apenas empieza y ya arrastra un dato que debería encender alarmas nacionales: nueve policías —tres oficiales y seis subalternos— son investigados por presuntos actos de corrupción en Lima y Moquegua. No es un hecho aislado: es la continuación de un 2025 que dejó una cifra demoledora, con 1.456 efectivos pasados al retiro, de los cuales 570 estuvieron vinculados a corrupción. La pregunta no es si “hay manzanas podridas”. La pregunta real es por qué el país sigue fingiendo que el problema es excepcional, cuando los indicios apuntan a prácticas repetidas que destruyen la confianza pública y alimentan la impunidad.
Las investigaciones describen patrones conocidos y graves. En Lima, se acusa a agentes de intervenir irregularmente a ciudadanos, despojarlos de su vehículo y presuntamente intentar “sembrar” evidencia para exigir dinero a cambio de liberarles. En Moquegua, se investiga el uso de un alcoholímetro no autorizado y la exigencia de pagos para “arreglar” una intervención. Son escenas distintas, pero la lógica es la misma: el poder del uniforme convertido en mecanismo de cobro.
Al mismo tiempo, la propia institución vive una crisis operativa que agrava el cuadro: vehículos inoperativos, equipos malogrados, falta de chalecos, comisarías deterioradas y unidades con dotación mínima insuficiente. Esa precariedad no justifica la corrupción, pero sí revela un terreno fértil: cuando el Estado no equipa, no controla y no sanciona con firmeza, se abre espacio para que algunos conviertan la autoridad en negocio.
El daño no es solo legal, es social. La corrupción policial es especialmente corrosiva porque toca el nervio del contrato social. El ciudadano entrega una cuota enorme de confianza a quien porta un arma y representa la ley. Cuando esa ley se usa para extorsionar, sembrar pruebas o “negociar” procedimientos, no se produce solo un delito: se produce miedo institucional. La población deja de ver a la Policía como protección y comienza a verla como riesgo. Y en ese vacío, el crimen organizado gana terreno: no solo por armas o dinero, sino por narrativa. Las bandas prosperan cuando la autoridad pierde legitimidad.
Además, el costo se multiplica en un país que ya vive extorsiones, cobros de cupos y violencia cotidiana. Si el ciudadano siente que no puede confiar ni en quien debería defenderlo, el Estado deja de ser una garantía y se convierte en un trámite incierto. Esa es la antesala de algo peor: que la justicia se privatice de facto y que el territorio se negocie entre mafias y debilidades institucionales.
El problema no se resuelve con operativos simbólicos, ni con anuncios ocasionales de “depuración”. Se resuelve con una política sostenida de integridad institucional: control interno real, investigación rápida, sanción proporcional y pública, protección a denunciantes, y mecanismos que impidan la repetición del abuso (cámaras, trazabilidad de intervenciones, auditorías de patrullaje, rotación inteligente de puestos críticos). Y, sobre todo, con un mensaje claro: la autoridad no puede funcionar como caja chica ni como herramienta de presión.
La corrupción dentro de la PNP no solo roba dinero: roba Estado. Cada caso confirmado es una cuña que separa a la ciudadanía de su principal escudo frente al delito. Si el país quiere enfrentar la criminalidad con seriedad, debe empezar por limpiar y fortalecer a quien está en primera línea. Porque sin confianza en la Policía, la ley se debilita; y cuando la ley se debilita, el crimen gobierna. (Foto: Pucp).