En el Perú, el escándalo ya no sorprende: se institucionaliza. El caso del avión An-74 no es un error administrativo ni una confusión técnica; es la demostración de cómo el poder firma primero y se esconde después. Bajo el gobierno de José Jerí, el Ministerio del Interior adjudicó US$63,9 millones a una empresa que no tenía licencia, no fabricaba el avión y presentó documentos falsos. Y cuando la evidencia estalla, la respuesta oficial es un coro de evasivas.
No hay matices posibles: este gobierno compró. El contrato se adjudicó el 31 de octubre de 2025, con funcionarios nombrados por la actual administración, con actas firmadas y con alertas ignoradas. Antonov fue categórica: la empresa Aero Express FZE no tenía autorización, los documentos eran completamente falsos y la producción del An-74 no es posible hoy. No era un secreto técnico; era información verificable con una llamada antes de firmar. Aquí se firmó igual.
La mordacidad está en el método. El propio expediente reconoce que el proveedor no acreditó experiencia, no probó ventas previas y no obtuvo puntaje en evaluación. Con eso, cualquier proceso serio se cae. Aquí avanzó. ¿Por qué? Esa es la pregunta que Jerí y su gabinete evitan. Porque no estamos ante un descuido menor, sino ante una cadena de decisiones que eligió mirar al costado. Ministros que nombran, jefaturas que aprueban, comités que validan, controles que no controlan. Todos participan del mismo guion: adjudicar y luego “revisar”.
Cuando el fraude queda expuesto, llega el refugio favorito: “esto viene de antes”, “debido proceso”, “verificación”. El argumento es endeble y ofensivo. Un proceso puede iniciarse antes, pero la responsabilidad es del gobierno que decide continuarlo y firmarlo. Nadie obligó a Jerí a reiniciar ni a adjudicar. Nadie obligó a ignorar advertencias públicas. Nadie obligó a comprometer casi 64 millones de dólares que impactan la logística de la PNP. La firma es actual; la responsabilidad también.
Lo más grave es el mensaje al país: si una compra estratégica se resuelve con documentos falsos y la reacción es ganar tiempo, entonces el problema no es solo corrupción potencial; es impunidad administrativa. Y cuando la impunidad se normaliza, el Estado deja de ser garante y pasa a ser cómplice por omisión.
El caso Antonov desnuda un Estado que premia la irresponsabilidad y un gobierno —el de José Jerí— que prefiere diluir culpas antes que asumirlas. No es un tropiezo: es una falla sistémica con nombres propios.
Reflexión final
La autoridad se prueba cuando hay que separar responsables, congelar contratos y denunciar sin rodeos. Aquí ocurrió lo contrario: se firmó mal y se pidió paciencia. Si US$63,9 millones no bastan para activar sanciones inmediatas, el mensaje es devastador: estafar al Estado sale barato. Y cuando sale barato, se repite. (Foto: Diario Viral).