La noticia, dicha sin maquillaje, es esta: los peruanos seguirán consumiendo eritrosina un año más, un colorante asociado a cáncer en estudios con ratas, mientras el Estado camina con la calma de quien no se juega nada. En otros países, la señal fue clara: se retira o se prohíbe. En el Perú, la respuesta oficial se traduce en un plazo: “reemplácenlo para enero de 2027”. Como si la salud pública admitiera prórrogas, y como si el riesgo pudiera guardarse en un cajón hasta nuevo aviso.
Lo primero que incomoda es el contraste internacional. Estados Unidos ya revocó el uso del Rojo 3 en alimentos y fármacos ingeridos y fijó fechas de salida para la industria. En Europa, su uso está prácticamente arrinconado: se restringe a aplicaciones muy específicas —principalmente ciertas cerezas confitadas o de cóctel—, lejos del consumo masivo cotidiano. Y en Australia y Nueva Zelanda la regla también va por la vía de la restricción severa. Es decir: el mundo no discute si es bonito el rojo; discute cuánto riesgo está dispuesto a tolerar.
Aquí, en cambio, se eligió el camino peruano de siempre: la regulación lenta. Se reconoce el problema, pero se administra el tiempo. Se le da margen a la industria para reformular, reetiquetar, liquidar stock, mover inventarios, renegociar insumos. ¿Y a la ciudadanía qué se le da? Un consejo implícito: “revise etiquetas, tenga cuidado, arréglelas como pueda”. La balanza cae donde siempre: el consumidor asume el costo de la incertidumbre mientras el mercado opera con tranquilidad regulatoria.
La eritrosina no está escondida en productos raros; está en lo cotidiano y en lo que más se vende por impulso: golosinas, caramelos, galletas, cereales, chocolates, tortas y hasta embutidos, donde el rojo “más atractivo” ayuda a vender “frescura” a simple vista. Es el marketing pintando de seguridad lo que debería evaluarse con rigor. Y el Estado, en vez de cortar el riesgo, lo deja circular con permiso y fecha de caducidad administrativa.
El segundo problema es el que siempre acompaña a los plazos largos: la fiscalización. ¿Quién controla durante ese año? ¿Qué pasa con el “hasta agotar existencias”? ¿Qué ocurre en el comercio informal, donde la etiqueta es un rumor? Sin inspecciones visibles, sanciones reales y reportes públicos, el plazo se convierte en licencia. Y la “salud preventiva” queda reducida a un comunicado.
Un año puede ser razonable para una campaña publicitaria; para un riesgo sanitario cuestionado, es demasiado tiempo. No es modernidad regulatoria: es lentitud institucional.
Reflexión final
Si el Estado necesita doce meses para reaccionar frente a un aditivo bajo sospecha, el problema no es solo la eritrosina: es la costumbre de llegar tarde. Y en salud pública, llegar tarde no es un detalle técnico. Es exponer a millones, día tras día, mientras la burocracia se estira como chicle. (Foto: America TV).