Hay frases que no necesitan adorno porque describen una tragedia nacional con precisión clínica: Jerí debía acabar con los extorsionadores, no dar “bono a las víctimas”. Es, literalmente, el mundo al revés. Un país sitiado por cupos, amenazas y sicariato no espera cheques: espera capturas. No pide subsidios: pide justicia. Pero el gobierno de José Jerí parece haber confundido la seguridad ciudadana con un programa de compensaciones, como si la extorsión fuera una lluvia incómoda y no un crimen organizado que se combate con inteligencia, operatividad y sanción.
La extorsión es un negocio. Se sostiene por estructura, territorio, comunicaciones, finanzas y miedo. Se corta con investigación, interceptación, patrullaje estratégico, control carcelario real y fiscalías especializadas con recursos. Jerí, sin embargo, lanza una propuesta que suena a rendición anticipada: “si te extorsionan, el Estado te compensa”. ¿En qué manual de gobierno serio aparece eso como estrategia central? Eso no es política de seguridad: es una admisión involuntaria de incapacidad.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina lo advirtió con razón: una compensación mal planteada podría crear falsas víctimas. Y no porque la gente sea mala por deporte, sino porque cuando el Estado abre un incentivo económico en un sistema debilitado, el sistema se deforma. En el Perú, donde denunciar ya es una odisea y comprobarlo todo toma años, un bono puede convertirse en una fábrica de expedientes, intermediarios, tramitadores y “víctimas” de ocasión. Es decir: además de extorsionadores, podríamos terminar financiando un nuevo ecosistema de fraude.
Pero el problema central sigue siendo moral y político: Jerí invierte el orden de prioridades. En vez de ir por el extorsionador, se concentra en cómo pagarle a quien ya fue golpeado. En vez de recuperar el control, se dedica a administrar el daño. El mensaje es devastador: el criminal cobra cupo… y el Estado, después, pone lo que falta. Un modelo donde el delito manda y el gobierno solo hace contabilidad del desastre.
Y lo peor: un bono no desarma bandas, no evita asesinatos, no impide que un chofer sea marcado, que un comerciante sea amenazado o que una familia viva aterrada. La seguridad no se “reglamenta”; se ejecuta. Si Jerí quiere ser recordado por algo útil, debería empezar por lo elemental: resultados operativos, no titulares compasivos.
Compensar puede ser parte de una política integral, sí. Pero como bandera principal en plena crisis, es una señal de derrota. El Estado no puede reemplazar su obligación de proteger por una obligación de pagar.
Reflexión final
La extorsión no se reduce con bonos: se reduce con autoridad. Jerí debía perseguir al extorsionador, no diseñar un mecanismo para “convivir” con él. Porque cuando el gobierno decide pagar por el daño en vez de impedirlo, el país aprende —otra vez— que la ley se volvió secundaria… y que el crimen ya ocupa el primer lugar. (Foto: Exitosa).