En un país cansado de la inseguridad y de la informalidad instalada como “normalidad”, la política tiene la obligación de hablar con claridad. Rafael López Aliaga lo ha hecho: ha planteado que, al 28 de julio, todo ciudadano venezolano que no regularice su situación migratoria deberá retornar a su país. Más allá del debate sobre el “cómo”, el mensaje de fondo apunta a algo que el Estado peruano ha postergado demasiado tiempo: ordenar la casa con reglas conocidas, plazos definidos y autoridad para hacerlas cumplir.
La realidad migratoria peruana es enorme y compleja. Con una población venezolana cercana a 1,7 millones, el Perú necesita una política que combine humanidad con control, integración con exigencia. En ese marco, la propuesta de López Aliaga se puede leer como una señal política para recuperar un principio básico: quien vive en el país debe hacerlo dentro de la ley, y el Estado debe garantizar que la ley se cumpla de manera efectiva, sin ambigüedades ni mensajes contradictorios.
Además, López Aliaga no se queda solo en el tema migratorio. Su discurso pone énfasis en atacar con dureza la corrupción y el crimen organizado: sanciones severas para funcionarios corruptos, inversión en inteligencia, fortalecimiento de la respuesta estatal en regiones, y una narrativa de respaldo a las fuerzas del orden. En un contexto donde la ciudadanía percibe impunidad y captura institucional, esa promesa de firmeza puede traducirse en un clima de disuasión frente a redes criminales que hoy actúan con descaro.
Por supuesto, para que esa visión funcione, debe venir acompañada de gestión: ventanillas de regularización eficientes, coordinación con gobiernos locales, control fronterizo moderno, interoperabilidad de datos, y operativos focalizados contra organizaciones delictivas (no contra familias trabajadoras). El punto fuerte de una postura “clara” es que permite diseñar un camino: regularizar, fiscalizar, sancionar, en ese orden. Y si se hace bien, el resultado puede ser positivo para todos: migrantes que aportan y se integran formalmente, y un país que recupera control sobre su territorio y su seguridad.
El Perú no necesita discursos perfectos: necesita decisiones. López Aliaga propone una línea que, bien ejecutada y dentro del marco legal, podría ordenar la política migratoria y reforzar el mensaje de que el Estado vuelve a mandar.
Reflexión final
La firmeza no tiene por qué ser sinónimo de abuso. Si el país apuesta por reglas claras, plazos razonables y una regularización accesible, la autoridad puede convertirse en garantía: para el ciudadano peruano que exige seguridad, y para el migrante que quiere vivir en paz, trabajar y cumplir la ley. (Foto: Infobae).