La nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días no es un acto de gobierno: es la confesión tácita de su impotencia. José Jerí ha convertido la excepción en regla, la restricción de derechos en rutina y la seguridad en retórica vacía. Mientras los decretos se encadenan, las muertes, las extorsiones y los cobros de cupos se multiplican. La emergencia dejó de ser un instrumento para enfrentar el crimen y se ha transformado en el escudo político de un Ejecutivo incapaz de liderar, planificar y dar resultados.
El Consejo de Ministros ha vuelto a extender el régimen excepcional en Lima y Callao, manteniendo la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y prolongando la suspensión de derechos como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito. La misma medida se replica en Tumbes, Zarumilla, Trujillo y Virú, territorios donde el propio Estado reconoce una alta incidencia delictiva. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado un balance público que demuestre que estas prórrogas hayan reducido la criminalidad de manera significativa. Se gobierna por inercia, no por evidencia.
Tras más de tres meses en el poder y con solo 191 días por delante, Jerí no ha sido capaz de convocar a todos los sectores para construir un Plan Nacional contra la criminalidad. No hay metas claras, ni indicadores verificables, ni coordinación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial. En lugar de liderazgo, hay decretos; en lugar de estrategia, hay patrullajes simbólicos; en lugar de resultados, hay conferencias. El crimen organizado, en cambio, no improvisa: opera con planificación, financiamiento y control territorial. Mientras el Estado reacciona con estados de emergencia, las bandas avanzan con eficiencia criminal.
Normalizar el estado de emergencia es una erosión silenciosa de la democracia. Suspender derechos no es un trámite administrativo; es una decisión grave que exige justificación y rendición de cuentas. Pero el Gobierno ha optado por el silencio: prorroga sin explicar, restringe sin evaluar, promete sin cumplir. Cada día de emergencia sin resultados profundiza la desconfianza ciudadana y debilita el principio de que la seguridad debe alcanzarse sin sacrificar libertades.
Además, la estrategia revela una peligrosa miopía: se cree que más militares en las calles equivalen a menos crimen. Pero la inseguridad no se combate con despliegues fotográficos, sino con inteligencia financiera contra las mafias, control de armas, depuración policial, reforma penitenciaria y una justicia que sancione con celeridad. Nada de eso ha sido liderado por Jerí con la urgencia que el país exige.
Mientras el Ejecutivo prorroga la emergencia, los transportistas siguen pagando cupos de S/20 y S/30 para trabajar; las familias siguen perdiendo hijos en balaceras; los barrios viven bajo amenaza; y las comisarías operan con vehículos inoperativos, computadoras malogradas y chalecos insuficientes. La paradoja es brutal: el Estado restringe derechos a ciudadanos honestos, pero no logra restringir el poder de las bandas criminales.
Reflexión final
La prórroga del estado de emergencia no es una señal de firmeza, sino de agotamiento. Jerí insiste en una receta que ha demostrado su fracaso y, al hacerlo, convierte la excepción en un mecanismo permanente de control sin eficacia. Lima y Callao no necesitan más decretos: necesitan un gobierno que asuma responsabilidad, articule políticas integrales y rinda cuentas con resultados medibles. Si el Ejecutivo continúa gobernando a golpe de prórrogas, el mensaje será claro: no estamos ante un Estado que combate el crimen, sino ante un Estado que administra su propia incapacidad. Y ese es el verdadero estado de emergencia del Perú.(Foto: Lima Gris).