El Perú ya no se sorprende: se resigna. Y esa resignación es el fertilizante perfecto para que el poder haga su rutina favorita: convertir lo “irregular” en “normal”. Esta vez, el guion no ocurre en un hemiciclo, sino en el jirón Paruro, entre almacenes, clausuras y una visita que nadie termina de explicar. El dato que parte el tablero es simple y demoledor: dos días después de que José Jerí apareciera en un local clausurado de su amigo Zhihua Yang, Indecopi emitió una resolución que limita a la Municipalidad de Lima para seguir clausurando locales mayoristas en el Centro Histórico. En democracia, la coincidencia exige respuestas; el silencio, sospecha.
La Municipalidad endureció controles tras episodios que mostraron el peligro de operar depósitos y comercio al por mayor en zonas históricas saturadas, con alto riesgo para vecinos, trabajadores y bomberos. El objetivo era claro: menos “almacenes-bomba”, menos tragedias anunciadas.
Pero el problema empieza cuando la fiscalización toca intereses con apellido, capital y conexiones. Market Capón, vinculado a Zhihua Yang —presentado como “amigo” del presidente encargado— es clausurado por operar venta al por mayor y almacenamiento. Hasta ahí, aplicación de norma. Lo que rompe la lógica institucional es lo siguiente: Jerí aparece horas después en el local clausurado, protagoniza una llamada “misteriosa” y la versión oficial se vuelve una nube: nadie informa con precisión a quién llamó ni por qué el jefe de Estado termina involucrado en un procedimiento municipal.
Y ahí llega la segunda escena: Indecopi, mediante su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, declara ilegal la prohibición municipal y ordena inaplicarla “en favor de todos los agentes económicos”. Traducido a lenguaje ciudadano: la ciudad intenta cerrar un riesgo; una entidad lo reabre con sello oficial. Indecopi argumenta plazos legales. Bien. Pero el país no vive en un aula de derecho administrativo: vive en un Centro donde un incendio no pide permiso y donde la informalidad mata.
El punto crítico no es que Indecopi fiscalice ordenanzas; el punto es que la secuencia luce diseñada para beneficiar, primero, al local del amigo, y luego, por extensión, a todo un ecosistema de comercio mayorista que la ciudad buscaba ordenar por seguridad. En un contexto así, “plazo legal” no despeja dudas: las multiplica.
Si Jerí no tiene nada que ocultar, lo responsable es decir a quién llamó y por qué estuvo allí. Si Indecopi actuó con pulcritud, que transparente el sustento técnico completo y el contexto de sus decisiones. Y si hay indicios de interferencia, la Fiscalía debe investigar sin cortesías.
Reflexión final
Un país se quiebra cuando la ley parece negociable y la institucionalidad parece telefónica. Cuando un presidente entra a un local clausurado del “amigo” y, poco después, el Estado resuelve a favor de ese mundo, la ciudadanía entiende el mensaje más peligroso de todos: no manda la norma; manda el contacto. Y con esa lógica, el Centro Histórico no solo pierde control: pierde futuro. (Foto: Cuarto Poder).