La pregunta que hoy recorre pasillos del Congreso, estudios de televisión y conversaciones ciudadanas es tan jurídica como política: ¿José Jerí caería de la Presidencia por censura o por vacancia? No es un tecnicismo menor ni un juego semántico; es el síntoma de un país que volvió a normalizar la precariedad del poder. En lugar de discutir seguridad, empleo o reformas urgentes, el Perú vuelve a debatir mecanismos para sacar presidentes. La duda sobre el camino constitucional correcto desnuda, una vez más, la fragilidad de nuestras instituciones y la tentación permanente de resolver crisis con atajos.
La presión contra Jerí no surge de la nada. Sus reuniones extraoficiales con el empresario Zhihua Yang, la falta de transparencia y las contradicciones públicas han encendido alarmas políticas. Frente a ello, el Congreso ha activado cinco mociones: una de vacancia y cuatro de censura, impulsadas por distintas bancadas que, más que unidad, exhiben una disputa por quién capitaliza mejor el desgaste del mandatario. La aritmética parlamentaria se mueve al ritmo de cálculos electorales y no de criterios constitucionales.
En ese escenario, la intervención de Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y exdefensor del Pueblo, aporta una clave decisiva: Jerí no es presidente electo, sino presidente encargado por su condición de titular del Parlamento. Por tanto, sostener que corresponde la vacancia resulta jurídicamente impreciso. La figura que encaja con su origen institucional es la censura como miembro de la Mesa Directiva del Congreso. No es un matiz; es el respeto mínimo al diseño constitucional.
El problema es que el Perú ha convertido la vacancia en una herramienta política de uso discrecional. Se vaca por incapacidad moral, por cálculo o por conveniencia, borrando la frontera entre control democrático y arbitrariedad. Si hoy se aplica ese mecanismo a un presidente encargado, mañana se legitima su uso caprichoso contra cualquier gobernante incómodo. La pregunta correcta no es solo cómo se va Jerí, sino qué precedente quedará para la República.
El dilema “censura o vacancia” revela algo más profundo: la persistente infantilización de nuestra política. Un Ejecutivo que ha mostrado torpeza en el manejo de la probidad y la transparencia, y un Legislativo que parece más interesado en demostrar poder que en garantizar estabilidad. Mientras tanto, la ciudadanía observa con hartazgo cómo las instituciones se consumen en disputas que no resuelven la violencia, la corrupción ni el avance de economías ilegales.
No se trata de blindar a Jerí ni de absolverlo por sus errores. Se trata de exigir que su eventual salida se ajuste al marco constitucional y no al impulso del momento. La censura, en este caso, no es indulgencia: es coherencia con la forma en que llegó al cargo. La vacancia, mal empleada, se convierte en un arma de destrucción institucional.
Si José Jerí debe dejar la Presidencia, que sea por el camino correcto: censura parlamentaria, con debate público, fundamentos claros y responsabilidad política. No por una vacancia forzada que convierta la Constitución en un instrumento de conveniencia. El país necesita reglas, no improvisaciones; instituciones fuertes, no golpes de efecto.
Reflexión final
Más allá del destino de Jerí, la verdadera pregunta es qué tipo de democracia queremos. Una que resuelve crisis con procedimientos sólidos o una que vive de sobresaltos y purgas permanentes. Mientras sigamos cambiando presidentes como quien cambia de camisa, el Perú seguirá atrapado en su propio laberinto. (Foto: Latina Noticias).