Increíble, pero real. José Jerí ha decidido que el gran escándalo nacional no es haberse reunido de manera clandestina, sino que alguien haya mostrado la prueba. Para el presidente, el problema no es la capucha, la cita fuera de agenda ni el silencio previo, sino el ciudadano —o funcionario— que permitió que el país vea lo que nunca debió ocurrir. En el Perú de Jerí, el culpable no es quien actúa en las sombras, sino quien prende la luz. El mundo al revés.
Ante el Congreso, Jerí exigió investigar quién filtró el video. No hubo un mea culpa político serio, ni una autocrítica a la altura del cargo, ni una explicación completa y verificable sobre por qué un jefe de Estado entra encapuchado a una reunión privada con un empresario cuyos intereses están bajo escrutinio público. En lugar de eso, hubo victimización, sospechas de “complot” y una narrativa peligrosa: el delito es mostrar, no hacer.
La lógica es alarmante. Si el presidente se reúne clandestinamente, la falla no es del que graba; es del que se esconde. Si un mandatario actúa fuera de agenda, sin registro oficial y con apariencia de secreto, no puede luego reclamar privacidad. La investidura no se cuelga en la puerta del restaurante ni se guarda en el bolsillo junto a la capucha. Gobernar es rendir cuentas, incluso cuando incomoda.
Jerí intenta desviar el foco: habla de filtraciones “progresivas”, de intenciones desestabilizadoras, de daños a su entorno personal. Pero evita lo esencial: ¿por qué esas reuniones no fueron transparentes desde el inicio? ¿Por qué no se informaron oportunamente? ¿Por qué la necesidad de parecer irreconocible? En política, las formas no son detalles menores; son señales. Y la señal aquí es inequívoca: hubo voluntad de ocultar.
Convertir al filtrador en villano es una estrategia conocida en regímenes que confunden autoridad con impunidad. Se persigue al mensajero para no responder por el mensaje. Se grita “traición” para no decir “me equivoqué”. Se invoca la estabilidad para justificar el silencio. Pero la estabilidad democrática no se protege persiguiendo videos; se protege evitando conductas que obliguen a grabarlos.
Más aún, la amenaza implícita es grave: si el problema es filtrar, mañana cualquier denuncia podría ser tratada como conspiración. Así se construye un clima donde la transparencia es castigada y la opacidad premiada. Eso no es gobernabilidad; es erosión institucional.
Jerí puede pedir investigaciones, pero su orden de prioridades lo condena. Antes de buscar culpables externos, debía asumir la responsabilidad propia. No lo hizo. Prefirió indignarse por la evidencia.
Reflexión final
Que quede claro: el culpable no es quien entregó el video. El culpable es quien dio razones para que existiera. En democracia, el poder no se esconde ni se ofende cuando lo descubren. Da la cara. Y hoy, la cara que el país ve no es la del complot, sino la del encapuchado que no quiere asumir su culpa. (Foto: Diario la República).