La ONPE anuncia que gastará S/80 millones en franja electoral para las Elecciones 2026. La cifra debería abrir un debate serio sobre democracia y equidad, pero en el Perú suele abrir otra cosa: la caja registradora de la política. Porque aquí no estamos hablando de financiar ideas, sino de pagar propaganda con dinero público en un país donde la inseguridad, la salud y la educación compiten cada día por presupuestos que “no alcanzan”.
El diseño es tan legal como incómodo. S/29 millones irán a los ocho partidos con presencia en el Congreso, que ya tienen asegurada su vitrina en radio, TV y redes. En esa bolsa destacan asignaciones como Perú Libre (S/7,7 millones) y Fuerza Popular (S/5,4 millones), seguidos por APP (S/3,8 millones) y Renovación Popular (S/3,4 millones), además de Avanza País, Podemos, Juntos por el Perú y Somos Perú, con montos que completan el reparto. El resto —30 organizaciones— se reparte casi S/51 millones, con un monto estándar cercano a S/1,7 millones por partido.
En teoría, esto corrige desigualdades: “todos tendrán un espacio”. En la práctica, premia al que ya tiene poder y consolida el efecto “club”: el Parlamento asegura presencia, la presencia asegura recordación, y la recordación puede terminar asegurando más poder. Se vende como igualdad, pero suena a ventaja institucionalizada para los mismos de siempre.
Y hay un detalle que retrata la época: el país se juega su futuro con spots y reels de 30 segundos. Treinta. En ese tiempo apenas entra un eslogan, un fondo musical y una promesa en versión comprimida. ¿Cómo se explica una reforma del sistema de justicia? ¿Cómo se sustenta un plan contra la extorsión? ¿Cómo se rinde cuentas sobre corrupción, obras, presupuesto o equipos técnicos? No se explica: se “impacta”. La franja electoral, tal como está planteada, incentiva el mensaje más corto, el gesto más teatral y la frase más “viral”. Política de superficie, pagada por todos.
Que los mensajes incluyan intérprete de lengua de señas y opciones en idiomas oficiales es un avance necesario. Pero no maquilla lo esencial: el Estado está financiando publicidad, no garantizando calidad de propuestas. Y cuando el dinero público sirve para amplificar candidatos sin filtros éticos ni exigencias programáticas reales, lo que se fortalece no es la democracia: es el ruido.
El problema no es la franja en sí, sino el modelo: más exposición sin más exigencia. El país termina pagando para que le vendan promesas en formato breve y emocional.
Reflexión final
Si el Perú va a invertir S/80 millones en campaña, la pregunta es inevitable: ¿por qué no exigir, a cambio, debates obligatorios, verificación programática, metas medibles y rendición de cuentas? Porque si la franja solo compra presencia, lo único que garantiza es esto: más propaganda… y la misma decepción. (Foto: Sin Rodeos).