2025 fue el año con más asesinatos registrados por criminalidad en el país: 3,675 vidas arrebatadas. No es “sensación de inseguridad”, es realidad contada cadáver por cadáver. Y si alguien busca responsables políticos, no hay que inventarlos: Dina Boluarte dejó el tablero servido y José Jerí —ya en el poder— intentó vendernos que el incendio estaba “ligeramente controlado” porque una cifra trimestral se movió una décima. En el Perú, la muerte sube como tendencia, pero el Estado baja la cabeza y cambia el tema.
Lo que muestran los datos no es un pico aislado, es una escalera: 3,126 homicidios en 2023; 3,426 en 2024; 3,675 en 2025. Esto tiene firma política. Boluarte gobernó con el reflejo más cómodo: estados de emergencia como eslogan, operativos para la cámara y una narrativa de “mano dura” que nunca se tradujo en inteligencia, control de armas, persecución financiera del crimen ni protección efectiva a los más expuestos. Bajo su administración, la delincuencia no fue un problema: fue una industria en expansión.
Y cuando Jerí asumió la transición, el país esperaba, por lo menos, un golpe de timón: orden, coordinación, prioridades, una hoja de ruta clara hasta el 28 de julio de 2026. ¿Qué recibió? Presentaciones y diapositivas. Mientras el 2025 quedaba marcado como el año más letal, el Ejecutivo se esforzó en instalar la idea de una “mejora ligera” porque la tasa trimestral bajó de 2.6% a 2.5%. Traducido: cuando el cementerio crece, el gobierno celebra que la pala se movió un milímetro menos. Esa no es gestión; es maquillaje estadístico.
El detalle regional tampoco ayuda al cuento. Madre de Dios lidera la tasa de homicidios (24.6%), seguida por Callao (23.6%) y Región Lima (23.1%). Tumbes (20.6%) y Puno (14.8%) completan un mapa donde el crimen se comporta como poder territorial. ¿Qué hicieron Boluarte y Jerí frente a esa evidencia? Lo mismo que hace el Estado cuando el problema lo supera: parches dispersos, discursos “enérgicos”, cambios de nombres y ninguna estructura sostenida que aguante más de una conferencia de prensa.
La consecuencia es conocida: extorsión normalizada, homicidios al alza, economías ilegales financiando violencia, y ciudadanía pagando “impuesto de supervivencia” por vivir, trabajar o simplemente regresar a casa.
2025 fue el año con más asesinatos y eso es un fracaso histórico del Estado. Boluarte no lo detuvo cuando podía; Jerí no lo enfrentó cuando le tocó. Ambos administraron la inseguridad como si fuera clima: se comenta, se lamenta y se espera que pase.
Reflexión final
Un país no puede aceptar 3,675 asesinatos como “dato del año”. Es una acusación política. Si el poder solo ofrece excusas, estados de emergencia y presentaciones, entonces el crimen seguirá gobernando lo que el Estado abandonó: la calle, el horario y la vida. (Foto: Cuarto Oscuro).