Ciento ocho días no bastan para transformar un país, pero sí para demostrar si existe liderazgo, rumbo y ética pública. En el caso de José Jerí, el balance es elocuente: más improvisación que gestión, más discursos que políticas, más escándalos que resultados. El Perú atraviesa una de sus etapas más frágiles y, en lugar de conducción, ha recibido una presidencia interina que parece administrar el tiempo, no el país.
Los 108 días de Jerí confirman un patrón peligroso: un Ejecutivo sin plan, sin coordinación multisectorial y sin autoridad moral. El resultado es un Estado a la deriva mientras la criminalidad, la informalidad y las economías ilegales consolidan espacios de poder que el gobierno no ocupa.
El primer gran vacío es estratégico. Jerí no fue capaz de liderar la convocatoria nacional para construir un Plan Nacional de Gobierno con horizonte al 28 de julio. Sin hoja de ruta, la política pública se reduce a anuncios dispersos y respuestas tardías. Un país sin plan no gobierna: sobrevive. Y sobrevivir, en el Perú, es sinónimo de postergar lo urgente.
Más grave aún es la inexistencia de un Plan Integral Nacional contra la criminalidad. Mientras las extorsiones definen horarios, rutas y decisiones empresariales, el Ejecutivo se limita a repetir estados de emergencia sin evaluación pública ni cambios estructurales. Emergencia sin estrategia es una señal de debilidad institucional: restringe derechos, pero no desmonta redes criminales. El mensaje implícito es devastador: el Estado reacciona, el crimen organiza.
En paralelo, los indicadores sociales describen un país exhausto. Salud colapsada, educación rezagada, anemia y desnutrición persistentes, agricultura y minería sin conducción clara. No se trata solo de carencias presupuestales, sino de ausencia de prioridades y de ejecución. La política pública no puede ser un catálogo de promesas; debe ser una cadena de decisiones verificables. Hoy esa cadena está rota.
El riesgo estructural es mayor: narcotráfico y minería ilegal avanzan con lógica empresarial, territorial y política. No esperan permisos, compran voluntades, infiltran instituciones. Cuando el Estado no articula inteligencia, control territorial, justicia y desarrollo alternativo, no hay “avance del delito”; hay retirada del Estado. Y la retirada del Estado es el primer capítulo de cualquier captura criminal del poder.
A ese cuadro se suman los episodios de opacidad del propio presidente interino. Reuniones no registradas, versiones cambiantes, explicaciones tardías y una narrativa errática han erosionado la confianza mínima que exige la investidura. En un interinato, la prudencia no es virtud opcional: es obligación. La política no perdona la duda permanente, menos cuando se gobierna sin mandato popular directo.
La consecuencia política es previsible. La censura o vacancia dejó de ser hipótesis y se convirtió en proceso: mociones en trámite, firmas en curso, pronunciamientos en cascada. No se trata de conspiración ni de ruido electoral: es el reflejo de una presidencia que no logró construir legitimidad de desempeño. En democracia, la legitimidad se gana con resultados y transparencia; sin ellas, el cargo se vuelve transitorio por definición.
Jerí no ha gobernado: ha administrado la precariedad. No ha liderado: ha reaccionado. No ha transparentado: ha explicado tarde. En 108 días, el país no recibió un plan, ni una estrategia integral contra el crimen, ni una narrativa coherente de políticas públicas. Recibió parches, silencios y un expediente de dudas.
Reflexión final
El Perú no puede normalizar gobiernos que gestionan el reloj y no el país. La política del parche perpetuo es la antesala de la captura institucional. Si el Estado no recupera autoridad técnica, ética y territorial, otros la ocuparán. La historia reciente es clara: cuando el poder legítimo vacila, el poder ilegal avanza. Y entonces, ya no se discute la censura de un presidente interino, sino la supervivencia de la República.(Foto: Infobae).