En el gobierno de José Jerí, las cifras no solo son números: son señales políticas. Empresas chinas fueron contratadas por alrededor de S/1.400 millones en obras públicas, según investigaciones periodísticas y documentos parlamentarios revelados por La República. En un país con carreteras inconclusas, hospitales colapsados y escuelas precarias, esta cifra debería representar progreso. Pero en el contexto Jerí, representa sospecha, opacidad y un Estado administrado con lógica de amiguismo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso identificó a trece constructoras chinas como parte del llamado “Club del Dragón”, una trama empresarial vinculada a presuntas prácticas irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese mismo informe, José Jerí figura como firmante en su condición de vicepresidente de la comisión, según La República. El documento señalaba a Zhihua Yang, conocido como “el tío Johnny”, como operador del entramado empresarial.
La paradoja es grotesca: Jerí firmó el informe que advertía del problema y luego, como presidente, permitió que esas mismas empresas firmaran contratos millonarios. Carreteras en Áncash, Pasco y Tacna sumaron más de S/1.400 millones en adjudicaciones durante su mandato. Mientras tanto, el país conocía videos del presidente reuniéndose de manera clandestina con el mismo operador señalado por el informe parlamentario.
Los defensores del régimen alegan que las adjudicaciones se realizaron por mandato judicial. Es cierto. Pero la ética pública no se limita a cumplir un fallo judicial; exige transparencia, distancia política y fiscalización rigurosa cuando hay indicios de corrupción. Lo que se vio fue lo contrario: informes archivados, fiscalización paralizada y un Congreso que prefirió el blindaje político.
Más grave aún: el informe que debía activar investigaciones fiscales nunca fue aprobado por el Pleno, permitiendo que las empresas siguieran contratando sin obstáculos y que los operadores continuaran orbitando el poder, según reveló La República.
S/1.400 millones en contratos no son un detalle administrativo. Son una radiografía del poder sin controles. Jerí no enfrenta solo un problema mediático o judicial; enfrenta una pregunta moral: ¿cómo se gobierna un país mientras se conversa con los operadores del sistema que uno mismo denunció?
Reflexión final
El Perú no puede normalizar que el Estado funcione como una mesa privada de negocios. Cada contrato público debe ser una promesa de desarrollo, no una sospecha de corrupción. Porque cuando el presidente firma informes y luego firma contratos con los mismos investigados, la democracia deja de ser gobierno del pueblo y pasa a ser gobierno del “club”. (Foto: Presidencia).