En un país cercado por asesinatos y extorsiones, aplazar por segunda vez el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no es un simple retraso burocrático: es una señal política de indiferencia e incapacidad de conducción. Tras más de cien días de gobierno, José Jerí sigue sin entregar la herramienta mínima para ordenar la lucha contra la criminalidad: un plan integral, medible y ejecutable.
El Gobierno ha vuelto a extender el plazo del grupo multisectorial encargado de elaborar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La promesa de presentarlo en enero quedó en el aire, y el país recibe, a cambio, una nueva prórroga. Mientras tanto, el crimen no se detiene: se adapta, se expande y se vuelve parte del paisaje cotidiano. Los homicidios continúan, las extorsiones se consolidan como “impuesto” criminal y la ciudadanía aprende a sobrevivir con medidas que nunca deberían ser necesarias: cambiar rutas, cerrar temprano, pagar cupos, callar.
Una democracia no se mide solo por elecciones; se mide por su capacidad de proteger la vida. Y la protección no se improvisa. Un plan nacional no es un documento decorativo: es el instrumento que define objetivos, prioridades, presupuesto, coordinación entre Interior, Policía, fiscalías, gobiernos regionales y municipios; fija indicadores; asigna responsables y crea mecanismos de evaluación. Sin plan, el Estado actúa a impulsos: operativos reactivos, anuncios de impacto breve y conferencias que compiten por titular.
El problema empeora cuando el Gobierno pretende sustituir planificación por narrativa. Las cifras generales, presentadas sin desagregación territorial ni explicación metodológica suficiente, pueden funcionar como calmante estadístico: un “vamos mejor” de escritorio mientras barrios y mercados sienten lo contrario. La seguridad no se comunica; se construye. Y cuando la comunicación intenta reemplazar a la gestión, la confianza pública se erosiona y el crimen se fortalece.
La inseguridad no es una abstracción. Es el mototaxista que trabaja mirando por el retrovisor. Es el bodeguero que guarda el número del extorsionador como si fuera un proveedor. Es la familia que ya no celebra de noche porque la calle dejó de ser espacio público y se convirtió en territorio en disputa. Cada día sin plan no es un día neutro: es un día en el que la criminalidad fija reglas y el Estado llega tarde.
Esta editorial sostiene que el aplazamiento es una vergüenza institucional. No por el acto formal, sino por el mensaje: “la seguridad puede esperar”. No puede. El Ejecutivo debe presentar de inmediato un plan con metas verificables, presupuesto identificado, cronograma público, responsables con nombre y apellido, y reportes periódicos por regiones. Y debe hacerlo sin maquillaje, sin triunfalismo y sin esconder la realidad bajo promedios nacionales que no reflejan el mapa real del miedo.
Si el Estado no conduce, alguien más conduce. Y cuando el vacío lo ocupa el crimen, lo que se pierde no es solo seguridad: se pierde libertad. Un Gobierno que aplaza dos veces el plan, en plena emergencia, no está ganando tiempo; está perdiendo país. (Foto: Lima Gris).