Que los transportistas se unan a la marcha de la Generación Z este 28 de enero no es una escena pintoresca de ciudadanía activa. Es una radiografía: cuando la gente debe salir a la calle para exigir que no la maten, el Estado ya no gobierna, apenas administra titulares. Y el nombre de la movilización lo dice todo: “Marcha de Sacrificio”. En un país medianamente funcional, el sacrificio se reserva para la historia; aquí se volvió parte de la rutina.
La marcha partirá desde Atocongo a las 8 de la mañana rumbo al Congreso. La motivación es clara: justicia por las víctimas de ataques extorsivos y denuncia del clima de inseguridad que golpea a Lima y otras regiones. Transportistas y comerciantes, dos sectores que sostienen la vida diaria, están siendo tratados como carne de cañón por organizaciones criminales que cobran cupos, amenazan, atacan con explosivos y dejan un mensaje brutal: trabajas si te dejamos.
Julio Campos, dirigente del gremio, lo dijo sin eufemismos: “tenemos que salir a defender la vida”. Que esa frase exista ya es una acusación a la clase política. Defender la vida debería ser una tarea del Estado, no un motivo para marchar. Pero aquí la seguridad se discute como si fuera un tema de coyuntura, no una obligación permanente. Mientras el crimen actúa con disciplina y método, la autoridad responde con comunicados, promesas y esa gimnasia de siempre: anunciar leyes “duras” que no se sienten en la calle.
La marcha irá al Congreso, y eso no es casual. El Congreso se ha vuelto el monumento a la distancia: lejos de la esquina extorsionada, lejos del bus amenazado, lejos del comerciante que vive con miedo. Se legisla con micrófono, pero se fiscaliza poco y se corrige menos. Y cuando la política falla, el mensaje para el ciudadano es indignante: organízate, cuídate, marcha, resiste. Es decir, haz tú el trabajo que el Estado no está haciendo.
Para colmo, los gremios han aclarado que no habrá paro: el transporte funcionará con normalidad. Ese detalle es clave y doloroso. Incluso bajo amenaza, el país no se detiene. La economía popular sigue avanzando con miedo, mientras quienes deberían garantizar seguridad se mueven al ritmo de la conveniencia.
Esta movilización no es una protesta más: es un grito colectivo contra la indiferencia. Si el Estado no recupera el control real del territorio, la extorsión seguirá gobernando con violencia y el ciudadano seguirá pagando el precio.
Reflexión final
Cuando una marcha se llama “de sacrificio”, el país está aceptando que la muerte es parte del paisaje. Y esa aceptación es peligrosa: normaliza la barbarie. El Perú no debería marchar para sobrevivir. Debería exigir, sin cansarse, que la vida deje de ser una negociación con el miedo. (Foto: SJL Opina).