La crisis no es solo José Jerí. La crisis es el sistema que lo sostiene con silencios, cálculos y firmas que nunca llegan. Que falten 37 firmas para convocar un Pleno Extraordinario y debatir siete mociones de censura no es un “trámite pendiente”: es la demostración de que, cuando toca fiscalizar el poder, el Congreso se vuelve un laberinto diseñado para agotar a la ciudadanía.
Para que se convoque el Pleno Extraordinario se requieren 78 firmas. Hoy apenas hay 41. Ocho bancadas han aportado firmas, pero el impulso se estanca por la ausencia de respaldo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Dos bancadas han firmado completas; otras muestran una contradicción difícil de defender: grupos con varios escaños aportan apenas una o dos firmas. Y así, en plena tensión política, el país contempla una escena repetida: la urgencia pública choca con la lentitud conveniente.
En teoría, el Parlamento es contrapeso. En la práctica, muchas veces actúa como amortiguador del costo político. No se trata de “estar a favor” o “en contra” de Jerí por consigna; se trata de hacer lo mínimo democrático: debatir, sustentar, escuchar, votar y asumir responsabilidad. Si existen siete mociones de censura, el deber institucional no es congelarlas en una carpeta; es exponerlas a la luz del Pleno para que el país vea quién argumenta, quién se esconde y quién negocia en la sombra.
La falta de firmas no se explica solo por diferencias ideológicas. Se explica por algo más corrosivo: el miedo a quedar registrado. En el Congreso, firmar es quedar retratado. Y en una política que vive de la ambigüedad, el retrato incomoda. Por eso abundan los “todavía lo evaluamos”, los “hay que esperar”, los “no es el momento”. Traducción: no queremos asumir el costo de una postura clara.
Mientras el ciudadano exige respuestas frente a la inseguridad, la corrupción y el desgobierno, el Congreso ofrece un conteo de firmas como si la democracia fuera un formulario. El país no está pidiendo espectáculo; está pidiendo un mínimo de seriedad: que las acusaciones y cuestionamientos se discutan donde corresponde, con reglas, con transparencia y con votación nominal. Lo contrario es alimentar la sospecha de que existen pactos de protección mutua: hoy por ti, mañana por mí.
La Caja Negra sostiene que el Congreso tiene la obligación de destrabar este Pleno de inmediato. Si las mociones son infundadas, que se demuestre en debate abierto. Si son consistentes, que se asuma el desenlace político que corresponda. Pero mantener el proceso en pausa es una forma de impunidad blanda: no absuelve ni condena, solo desgasta y confunde.
Faltan 37 firmas, pero lo que realmente falta es voluntad moral. En una república decente, la fiscalización no depende de cálculos partidarios sino del interés público. Si el Parlamento no puede siquiera reunir firmas para debatir, ¿con qué autoridad puede exigirle al país paciencia, sacrificios y confianza? La democracia no se mide por discursos: se mide por decisiones cuando nadie quiere firmar. (Foto: Exitosa).