Cuando un líder político pide la renuncia de un presidente interino, el país debería detenerse a escuchar no el ruido, sino el fondo. Rafael López Aliaga ha exigido que José Jerí deje el cargo tras la difusión de videos y reportes sobre encuentros fuera de agenda con el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang, vinculado a contrataciones estatales. Pero el golpe más incisivo no fue solo contra Jerí: fue contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por lo que él llama un “blindaje”. Y ahí está el corazón del problema peruano: cuando el poder se protege a sí mismo, la ciudadanía queda a la intemperie.
La escena es conocida: aparece un escándalo, se abre una grieta en la confianza, y la política corre a levantar un muro. Jerí, según se ha informado, habría acudido a una cena en un chifa del empresario y luego habría visitado una tienda previamente clausurada, mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad que no da tregua. En ese contexto, López Aliaga plantea una pregunta que, más allá del personaje, interpela al sistema: ¿cuánta erosión institucional puede soportar una transición que se supone debía garantizar seguridad y elecciones limpias?.
Lo mordaz de este episodio es la normalización del “video por entregas”. No se trata solo de si hubo delito o no; se trata de la imagen pública de un Estado que no puede darse el lujo de parecer negociable. Un presidente interino no es un influencer de crisis: es una figura de paso cuyo valor principal es la credibilidad. Y cuando esa credibilidad se perfora noche tras noche, lo que se derrumba no es una persona, sino la sensación de que las reglas valen igual para todos.
Entra Keiko Fujimori. Fuerza Popular ha dicho que el país necesita orden y no más caos, y que actuarán “cuando corresponda” si la situación se vuelve insostenible. La frase suena responsable, pero también suena a manual de postergación: esperar a que el incendio consuma medio edificio para recién buscar el extintor. Ese es el “blindaje” moderno: no negar el humo, sino llamarlo “neblina” mientras se gana tiempo.
Y el tiempo, en política peruana, siempre favorece al poder. Las mociones de censura se apilan, pero se discuten después. Las investigaciones avanzan, pero a ritmo burocrático. La indignación ciudadana arde, pero se enfría con el calendario. Mientras tanto, la inseguridad sigue cobrando vidas, y la pobreza sigue empujando a millones a la intemperie social. Ahí no hay blindaje que valga.
La discusión no debería reducirse a quién tiene razón en la pelea López Aliaga versus Fujimori. La discusión real es si el país seguirá aceptando que la gobernabilidad se compre con silencios, cálculos y protección mutua. Un gobierno interino sin confianza no ordena: debilita.
Reflexión final
Si la política quiere recuperar algo de legitimidad, necesita una regla simple: la ética no puede depender de alianzas. Hoy es Jerí; mañana será otro. Y cada “blindaje” deja una huella: la idea de que la justicia llega tarde y la responsabilidad es negociable. La ciudadanía no pide espectáculo; pide coherencia. Porque un país con violencia creciente no puede darse el lujo de un poder que, además de frágil, parezca protegido.