Rafael López Aliaga lanzó una acusación de alto voltaje: que José Jerí no combate la criminalidad porque tendría como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña. En un país donde la extorsión y el sicariato ya no son noticia sino rutina, esa frase no puede quedarse en el aplauso fácil del mitin. O se convierte en un punto de quiebre para exigir responsabilidades, o termina siendo otro capítulo del deporte nacional: gritar fuerte mientras el crimen cobra en silencio.
La escena describe una crisis doble: inseguridad en la calle y desconfianza en la política. López Aliaga no solo cuestiona la falta de resultados; sugiere un bloqueo interno, una red de respaldos que neutraliza la acción del Estado. La idea es simple y devastadora: Jerí no actúa porque no puede, o no quiere, enfrentarse a quienes lo sostienen. Si ese es el escenario, la criminalidad no avanza solo por armas y bandas, sino por un Estado amarrado a pactos.
Pero hay un problema igual de grave: acusar “complicidad” en seguridad no es un adjetivo, es una imputación. La ciudadanía no necesita frases incendiarias; necesita hechos verificables y acciones concretas. Porque si la acusación no se sostiene, la política vuelve a hacer lo mismo de siempre: usar el miedo como combustible electoral. Y si sí se sostiene, entonces la obligación moral es aún mayor: pasar del micrófono a la denuncia formal, exigir investigación y señalar mecanismos específicos de influencia, protección o bloqueo.
Los nombres mencionados no son menores. José Luna representa el poder de la maquinaria política que opera con lógica de cálculo y control. Keiko Fujimori simboliza una gravitación permanente en el tablero, capaz de condicionar agendas. César Acuña encarna el pragmatismo territorial y la negociación constante por cuotas de poder. Tres estilos distintos, un mismo efecto posible: convertir la seguridad en ficha de negociación y no en prioridad nacional.
Mientras tanto, Jerí queda atrapado en una prueba de autoridad. Si quiere demostrar que gobierna, debe romper la sospecha con decisiones medibles: inteligencia policial real, equipos especializados, presupuesto con trazabilidad, coordinación judicial y resultados sostenidos. Si no lo hace, la acusación de dependencia política —sea cierta o no— termina siendo verosímil por la ausencia de acciones.
La frase de López Aliaga obliga a dos caminos: o se prueba y se actúa, o se desinfla como propaganda. En ambos casos, el país ya no soporta más ruido: la criminalidad no se combate con adjetivos, se combate con Estado.
Reflexión final
Si Jerí tiene “cómplices”, el Perú está ante una captura política de la seguridad. Si no los tiene, entonces estamos ante una utilización irresponsable del miedo colectivo. Pero el resultado es el mismo si nada cambia: más muertos, más extorsión, más vidas encerradas. Y la peor complicidad, al final, es la que se disfraza de discurso mientras el país se desangra. (Foto: Expreso).