Hay cifras que deberían provocar un escándalo nacional y, sin embargo, pasan como un dato más entre titulares. 10.8 millones de peruanos carecen de servicios de salud, educación, vivienda y conectividad. No estamos hablando de “pobres” en el sentido cómodo del discurso político, sino de ciudadanos a quienes el Estado les falla en lo básico. En un país que presume crecimiento, esta cifra revela la verdad que no cabe en un powerpoint: el progreso no ha llegado a todos, y en muchos casos ni siquiera ha empezado.
La pobreza monetaria —la que se mide por ingresos— permite a la política vender optimismo: si sube la economía, baja la pobreza. Pero la pobreza multidimensional desnuda el engaño: puedes ganar un poco más y seguir viviendo sin agua segura, sin desagüe, con un puesto de salud que no atiende, con una escuela que no enseña y sin Internet para estudiar o trabajar. El Perú del “avance” convive con el Perú de la carencia, y se acostumbró a llamarlo normalidad.
El dato más incómodo es que esta pobreza no se concentra solo en quienes ganan menos. Millones enfrentan privaciones severas sin ser considerados pobres por ingresos. Es decir, no califican para ciertos apoyos, pero viven con servicios ausentes o deficientes. Y al revés, hay quienes no cubren la canasta básica pese a contar con algunos servicios. El país está partido: ingresos sin Estado para unos, Estado incompleto sin ingresos para otros. En ambos casos, la vida se sostiene con precariedad.
La geografía también acusa. En zonas rurales, la pobreza multidimensional se dispara: allí el problema no es un sol más o menos, sino la falta estructural de agua, saneamiento, vivienda digna y conectividad. En regiones como Loreto y Puno, los niveles son altísimos. Y el caso de Cusco es revelador: la pobreza multidimensional casi triplica la monetaria. Traducción: aunque la economía local se mueva, las carencias persisten porque el Estado sigue siendo un visitante ocasional.
Lo más grave es el silencio institucional. El INEI aún no define un índice oficial de pobreza multidimensional pese a que debió hacerlo. En el Perú, lo que no se mide oficialmente se vuelve políticamente invisible. Y lo invisible no se prioriza, no se financia, no se resuelve.
10.8 millones sin servicios es una cifra que desmiente el discurso complaciente. No es estadística: es una deuda moral y política.
Reflexión final
Un país no se mide por su PBI, sino por su capacidad de garantizar derechos básicos. Mientras un tercio del Perú viva sin salud, educación, vivienda y conectividad, cualquier promesa de progreso será solo marketing. Y el verdadero “milagro” seguirá siendo sobrevivir donde el Estado nunca llega. (Foto: Andina).