En el Perú, la política se indigna con discursos, pero se explica con movimientos bancarios. Por eso la noticia no es menor: el Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de José Luna Gálvez —candidato presidencial y accionista de la Universidad Telesup— por sus presuntos nexos con el entorno de Luis Castañeda Lossio y el rastro de dinero que habría alimentado campañas. Cuando la democracia se financia a oscuras, el voto se vuelve un trámite: el verdadero peso lo pone el que paga.
La investigación apunta a un detalle que, en cualquier país serio, bastaría para encender todas las alarmas: cheques de gerencia emitidos por la Universidad Telesup a favor de Castañeda, cobrados entre 2011 y 2016, por un total de S/ 256.600. Se califican como “operaciones sospechosas” porque no tendrían sustento económico evidente. Traducido al idioma ciudadano: dinero que circula sin explicación convincente. Y cuando el dinero no se explica, no es que sea “misterioso”; es que suele ser conveniente.
Pero esto no es solo una historia de cheques. La hipótesis fiscal coloca el caso dentro de un guion que el Perú conoce demasiado: campañas municipales y redes partidarias financiadas por aportes que no aparecen en los reportes oficiales. En el relato aparece la sombra de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, con montos que se mencionan como no declarados: USD 200.000 y USD 480.000. No es una discusión técnica: es una radiografía del modelo. El poder no se conquista solo con propuestas; se conquista con billetera, operadores y silencios.
Y entonces llega la respuesta estándar del político investigado, ese escudo que se usa como paraguas en temporada de justicia: “ya me levantaron el secreto antes”, “no encontraron nada”, “es persecución”, “qué casualidad que ahora que subimos en encuestas”. Es el viejo truco de convertir la fiscalización en complot, como si las instituciones tuvieran la obligación de mirar para otro lado para no “interferir” con una candidatura. En el Perú, algunos no quieren campañas limpias: quieren campañas intocables.
Aquí está lo verdaderamente mordaz: si el secreto bancario se levanta, no es para hacer show; es para saber quién pagó qué, cuándo, cómo y para qué. Porque la sospecha no nace del capricho, sino de la repetición. Cambian los nombres, pero el mecanismo insiste: universidades que funcionan como caja fuerte política, partidos que operan como franquicias, campañas que se financian con “aportes” que no existen en el papel, y un país que se queda con la factura moral.
Mientras tanto, la ciudadanía escucha promesas de orden, seguridad y “mano dura”. Pero, curiosamente, la dureza siempre cae sobre el ciudadano común: multas, trámites, colas, impuestos. Para el poder, en cambio, hay paciencia, plazos, apelaciones, victimización mediática y la eterna pregunta: “¿por qué justo ahora?”. Porque ahora hay elecciones, claro. Y porque en elecciones, el dinero intenta comprarse algo más que publicidad: intenta comprarse legitimidad.
Levantar el secreto bancario no condena a nadie. Pero sí desarma una costumbre peligrosa: la de tratar el financiamiento político como si fuera un asunto privado. No lo es. Es la puerta de entrada de la corrupción al Estado.
Reflexión final
Si el Perú quiere dejar de vivir en campaña permanente de escándalos, debe empezar por una regla simple: quien aspira a gobernar debe tolerar la luz. El problema no es que se levante un secreto bancario. El problema es que, durante años, el país haya tolerado una política que funciona como caja negra: entra dinero, sale poder… y nadie pregunta demasiado. Hasta que la justicia, tarde pero necesaria, decide mirar. (Foto: Infobae).