Cuando un país empieza a “crecer” sin reducir violencia, sin formalizar su economía y sin recuperar territorios, hay que hacerse la pregunta incómoda: ¿de dónde viene realmente el dinero que mueve la rueda? La narcoeconomía —narcotráfico, minería ilegal y lavado— ya no es un fenómeno marginal: se ha vuelto un sustrato que infiltra mercados, captura autoridades y normaliza una prosperidad de cartón. Y lo peor no es su existencia, sino su tolerancia social y política: se mira hacia otro lado porque “da trabajo”, “mueve comercio” o “dinamiza regiones”. Ese razonamiento es el primer paso hacia la rendición.
Las economías ilegales no necesitan discursos: necesitan vacíos. Donde el Estado es débil, la ilegalidad se vuelve orden. El narcotráfico expande rutas, compra lealtades, sostiene redes de sicariato y corrupción. La minería ilegal destruye ríos, envenena territorios, impone control armado, y genera flujos de efectivo que se mezclan con el comercio local como si fueran parte normal del día a día. El lavado hace el resto: convierte lo ilícito en “inversión”, “negocio”, “empresa”, “patrimonio”. De pronto, el país celebra actividad económica sin preguntar por su origen.
La narcoeconomía no solo produce dinero: produce poder. Y ese poder se expresa en tres niveles.
Primero, poder territorial: zonas donde la ley se negocia y la autoridad pública se vuelve un trámite. Segundo, poder institucional: cooptación de policías, fiscales, municipios y redes políticas mediante sobornos, amenazas o favores. Tercero, poder cultural: la normalización. El momento más peligroso no es cuando la economía ilegal aparece, sino cuando la sociedad la acepta como “inevitable”, y la política la trata como “compleja” para no tocarla. La complejidad, en estos casos, suele ser una coartada elegante para la inacción.
Aquí el gancho duele porque es cierto: la economía puede crecer, pero no por razones limpias. Si el dinero ilegal circula, se ve movimiento: más consumo, más construcción, más compra-venta. Pero ese “dinamismo” viene con factura oculta: más extorsión, más violencia, más corrupción, más desigualdad real. Es un crecimiento que no se traduce en bienestar, sino en miedo. Un país puede tener bolsillos con billetes y calles con funerales.
El emprendedor que “despega” en una zona capturada aprende rápido que el mercado también tiene dueño. El transportista paga “seguridad” a privados armados. El pequeño comerciante se acostumbra a los cupos como si fueran impuestos. La comunidad entera adapta horarios, rutas y silencios. La narcoeconomía no solo compra; manda. Y cuando manda, el ciudadano deja de ser ciudadano y pasa a ser rehén.
Esta editorial sostiene que el combate no puede ser solo policial ni episódico. Se necesita una estrategia integral: control territorial sostenido, inteligencia financiera real, persecución del lavado, trazabilidad de cadenas productivas, formalización con incentivos y sanciones, y—sobre todo—decisión política para romper redes de protección. Sin eso, el país seguirá celebrando cifras mientras se pudre por dentro.
Porque el verdadero riesgo no es “tener crimen”: es convivir con él hasta que parezca normal. Y cuando lo ilegal se vuelve normal, lo que está en juego ya no es la economía: es la República.(Foto: Prensa regional).