El caso parece simple, pero es un espejo del Perú digital: La Tinka bloqueó sin justificación la cuenta de un usuario en Te Apuesto y le impidió retirar S/23.810,69 en ganancias. Indecopi confirmó una multa de 3,49 UIT (S/18.671,50) y ordenó devolver el dinero. Y aquí viene la pregunta que debería incomodar más que el titular: ¿de verdad eso es castigo… o es un costo operativo para seguir haciendo lo mismo?
Porque llamemos a las cosas por su nombre: cuando una plataforma retiene dinero ajeno y luego se escuda en “fallas técnicas” sin pruebas, no estamos ante un error; estamos ante una práctica peligrosa. Bloquear una cuenta sin aviso ni explicación clara es ejercer poder, no prestar un servicio. Es decirle al usuario: “Tu dinero existe… hasta que el sistema decida lo contrario”.
La defensa de La Tinka fue el comodín de moda: “incidencias técnicas”. Suena moderno, suena inevitable, suena a que nadie tiene la culpa. El problema es que Indecopi concluyó que no presentaron evidencia suficiente de que esas fallas afectaran al usuario. O sea: bloquearon sin sustento y esperaban que el ciudadano lo aceptara con paciencia. Un país entero sabe cómo se llama esa estrategia: cansar al reclamante.
Pero aquí Indecopi tampoco queda bien parado. Sí, ratificó la sanción y ordenó la devolución. Pero la sanción económica es, francamente, benevolente frente al daño y el precedente. La lógica es absurda: si retienes casi S/24 mil, ¿por qué la multa es menor que el monto retenido? ¿Qué señal le das al mercado? Que vale la pena estirar la cuerda: bloquea primero, negocia después, y si te descubren, pagas una multa que parece más una molestia administrativa que una verdadera disuasión.
Además, ¿dónde queda la pregunta clave? ¿Cuántos usuarios fueron bloqueados sin reclamar? ¿Cuántos se rindieron ante el laberinto digital del “soporte”? Si a uno le retuvieron el dinero hasta que intervino el Estado, ¿cuántos quedaron fuera del radar? El problema de fondo no es este caso: es el modelo. Plataformas que controlan el botón de bloqueo, el relato público y los tiempos, sabiendo que el usuario promedio no tiene abogados ni paciencia.
La Tinka actuó como juez y parte con el dinero del usuario. E Indecopi actuó, sí, pero con guantes de seda: corrigió el caso sin golpear el sistema que lo permite.
Reflexión final
En un país donde la informalidad y el abuso se reinventan con tecnología, la autoridad no puede limitarse a “ordenar devoluciones” y poner multas que caben en un presupuesto. Si el mensaje no duele, no cambia nada. La modernidad no es tener una app; modernidad es que el consumidor no sea rehén del sistema ni el regulador un notario que llega tarde a firmar lo obvio. (Foto: La República).