En la política peruana hay un deporte de alto rendimiento: opinar sin comprometerse. Esta semana, Keiko Fujimori intentó marcar distancia de José Jerí con frases correctas y tono de indignación administrada. Dijo que ha hecho “muy poco”, que la agenda está “distraída” por reuniones poco transparentes y que “espera” que las investigaciones lleguen a conclusiones. Todo suena responsable… hasta que uno mira el detalle que sí importa: su bancada, Fuerza Popular, no firmó la moción de censura.
Aquí está el truco: se critica para la cámara, se protege en la práctica. Se dispara el titular, pero se guarda la bala. Porque en el Congreso, la moral casi siempre depende del conteo. Y cuando la lideresa dice que solo apoyarían una censura si hay “flagrancia”, el mensaje es transparente: si no te atrapan con el hecho grabado y el acta firmada, sigues jugando. En un país donde las reuniones “reservadas” y sin registro se vuelven costumbre, pedir flagrancia es como exigir que el humo venga con certificado de incendio.
La contradicción no es menor. Si las reuniones clandestinas son tan preocupantes como se declara, ¿por qué no respaldar el mecanismo político que corresponde? La respuesta es simple: porque la crítica sirve para lavarse la cara, pero la firma cuesta poder. Y el poder, en Perú, es el último valor que se entrega.
Mientras tanto, Rafael López Aliaga apunta y acusa: que gracias a Fuerza Popular Jerí sigue en el cargo. Keiko responde con la frase comodín: “no voy a pisar el palito”. Una manera elegante de decir: no asumiré el costo político de lo que estoy permitiendo. Y en medio de ese teatro, la advertencia de Rosa María Palacios suena como una sentencia electoral: si sigue dando entrevistas, su 8% se le va por el caño. Porque la incoherencia, cuando se repite, no es error: es marca.
El problema es que esta ambigüedad no ocurre en el vacío. Jerí ya fue interrogado por la Fiscalía de la Nación y, según se informó, aceptó levantar el secreto de sus comunicaciones tras la diligencia conducida por Tomás Gálvez. Bien. Que se investigue. Pero mientras la política se limita a “esperar”, el país aprende lo de siempre: la indignación es discurso; la decisión, otra cosa.
Si realmente creen que lo ocurrido amerita una sanción política, firmen. Si no firman, entonces no era tan grave. La ciudadanía no necesita más frases prudentes: necesita coherencia.
Reflexión final
La ética, cuando es selectiva, deja de ser ética y se vuelve estrategia. Y el Perú ya está harto de estrategias que se disfrazan de moral, mientras el poder se reparte entre críticas públicas y blindajes privados.