“No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas”. La frase de Alfonso López Chau, pronunciada en Juliaca, no es solo un grito de campaña: es una radiografía del poder en el Perú. Dicha en una ciudad marcada por la sangre de las protestas de 2023, la advertencia resuena con fuerza. Porque aquí no solo hay candidatos que temen al Congreso; hay un país entero rehén de una política que confunde control con chantaje y gobernabilidad con bloqueo.
El Perú ya conoce este libreto. Presidentes que llegan con promesas de cambio y terminan negociando supervivencia; Congresos que invocan la fiscalización mientras practican la obstrucción selectiva; bancadas que hablan de institucionalidad y actúan con cálculo corto. El resultado es un Estado paralizado, donde la inseguridad avanza, la economía familiar se achica y la indignación ciudadana se convierte en ruido de fondo.
López Chau acierta al señalar el problema estructural: un Parlamento que, lejos de facilitar soluciones, muchas veces las condiciona. Pero su discurso también camina sobre una cornisa. Cuando la crítica se formula en clave de “secuestro”, la tentación es responder con fuerza retórica. Y ahí aparece el riesgo: que la indignación se convierta en espectáculo. La corrupción no cae por aplausos; cae por reglas claras, justicia eficaz y controles que no dependan del humor político.
El minuto de silencio por los caídos en Puno fue un gesto necesario. La memoria es un deber. Sin embargo, la memoria no puede ser solo un símbolo de arranque; debe traducirse en políticas que eviten repetir la historia. Y eso exige algo más complejo que confrontar al Congreso: exige construir mayorías sin pactar con prácticas que hoy se denuncian. Gobernar no es gritar más fuerte; es ordenar intereses sin traicionar principios.
La denuncia del “terruqueo” como arma política también es pertinente. En el Perú, etiquetar ha sido una forma de excluir y justificar abusos. Pero quien denuncia ese vicio debe cuidarse de no reemplazarlo por otro: el de dividir al país entre “puros” e “impresentables”. La ética pública se defiende con claridad, no con atajos.
La frase de López Chau conecta porque nombra una frustración real. Pero la pregunta clave no es si un presidente puede quedar “amarrado”; es si el país seguirá eligiendo liderazgos que no explican cómo desatar los nudos sin romper la democracia.
Reflexión final
Si el Congreso ha secuestrado la agenda nacional, liberarla requiere algo más que coraje verbal: requiere propuestas, alianzas transparentes y límites firmes al poder. El Perú no necesita otro pulso entre Ejecutivo y Legislativo; necesita instituciones que funcionen sin rehenes. Porque cuando la política juega a los secuestros, quien siempre paga el rescate es la ciudadanía. (Foto: La República).