En el Perú, la corrupción no siempre entra con maletines; a veces entra con una visita y sale con una orden de servicio. El reportaje de Cuarto Poder que expone cómo “amigas” del presidente José Jerí obtuvieron trabajos con el Estado de hasta S/11 mil tras reunirse con él en su despacho no es un “hecho aislado” ni una simple coincidencia administrativa. Es el retrato de un Estado que, en lugar de blindarse, se ofrece; y de una Presidencia que, en lugar de elevar estándares, se refugia en el discurso mínimo: “todo fue debido proceso”.
La secuencia es demasiado elocuente para ser tratada con frases en piloto automático: visitas registradas a Palacio, reuniones prolongadas, horarios poco usuales y, después, contratos u órdenes de servicio en distintas entidades públicas. Presidencia afirma que todo se realizó conforme a la normativa y que las visitas fueron debidamente anotadas. Perfecto: hay registro. Pero el registro no limpia; el registro expone. Porque si el “debido proceso” termina pareciendo una formalidad que se activa cuando alguien toca la puerta correcta, lo que queda no es tranquilidad: queda desconfianza.
Aquí no basta preguntar si fue legal. Hay que preguntar si fue decente. En la cúspide del poder, la ética pública no se mide solo por cumplir procedimientos, sino por evitar que el despacho presidencial se convierta —aunque sea por omisión— en un puente hacia beneficios pagados con dinero de todos. Cuando visitas personales coinciden con contratos “jugosos”, el mensaje social es tóxico: el mérito es decorado, la proximidad es moneda.
El argumento oficial es previsible: “no hay nada irregular”. Ese guion ya lo conoce el país. Lo conoce cada ciudadano que ha escuchado cómo se justifican designaciones y servicios “especializados” que nadie vio concursar, competir o demostrar. Y lo conoce porque, durante años, el Estado peruano ha funcionado como una maquinaria con dos velocidades: la lenta para la mayoría, la rápida para los cercanos.
Hay algo más grave todavía: el momento político. Con inseguridad desbordada, servicios públicos débiles y una economía golpeando a los más vulnerables, el gobierno no puede darse el lujo de actuar como si la indignación fuera un ruido pasajero. Porque estas “coincidencias” no son solo un problema de imagen: son un problema de legitimidad. Un presidente que permite que su entorno se confunda con la planilla del Estado pierde autoridad para hablar de sacrificio, orden, reformas o moral pública.
Mientras tanto, el Perú real hace cola. Jóvenes con títulos y experiencia compiten por plazas y no reciben respuesta. Profesionales se endeudan para estudiar y encuentran puertas cerradas. Ciudadanos pagan impuestos y reciben servicios que parecen castigo. En ese país, una visita al despacho presidencial seguida de un contrato no se interpreta como casualidad: se interpreta como sistema. Y cuando el ciudadano concluye que el sistema premia cercanía, la democracia se vuelve una formalidad sin fe.
La Presidencia, por definición, debe operar con estándares superiores. No puede comportarse como si bastara con cumplir el trámite. El Palacio no es un coworking de amistades ni un espacio donde lo privado se mezcla con lo público sin consecuencias. Si Jerí cree que registrar una visita lo vuelve inmune a la sospecha, confunde transparencia con permiso. Registrar no justifica: obliga a explicar.
La Caja Negra sostiene que Jerí debe responder con hechos, no con comunicados. Transparencia total de perfiles, criterios, sustentos de necesidad, comparativos de selección, responsables con nombre y apellido; reglas estrictas sobre reuniones y conflictos de interés; y periodos de enfriamiento entre visitas y contrataciones. Si no corta la sospecha, la sospecha lo definirá.
Porque el verdadero escándalo no es un contrato de S/11 mil. El verdadero escándalo es que el país empiece a creer —otra vez— que el Estado tiene dueño y que la puerta del poder se abre mejor para los amigos. Y cuando eso se normaliza, ya no hablamos de un gobierno: hablamos de una República en retirada. (Foto: America Tv – Cuarto Poder).