En el Perú, la legalidad puede estirarse como liga, pero la legitimidad no. Y hoy la verdad es incómoda: moralmente, José Jerí ya no sería presidente del Perú. Puede seguir despachando, puede seguir apareciendo con banda y puede seguir hablando como si gobernara, pero lo que vemos —día tras día— es otra cosa: un mandatario que no conduce, que no ordena y que confunde Estado con pantalla. Jerí no parece un presidente: parece un pasajero con asiento reservado en un bus que se va cuesta abajo.
Un gobierno mínimamente serio empieza por lo elemental: un Plan Nacional de Gobierno que diga qué se hará, cómo, con quién y en qué plazos, hasta el 28 de julio de 2026. Jerí no ofrece esa brújula con claridad. Y en seguridad —donde el país se desangra— la ausencia es peor: no hay un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Criminalidad que integre inteligencia, investigación, control territorial, depuración institucional, persecución del dinero ilícito y justicia. En su reemplazo tenemos la receta barata del poder: estados de emergencia repetidos como mantra. Se anuncian, se filman, se aplauden… y se evaporan cuando la calle vuelve a imponer su realidad.
La delincuencia no opera con improvisación; opera con método. Extorsiona como empresa, recluta como red, controla como mafia. El Estado, con Jerí, opera como espectáculo: operativo con foto, mensaje grandilocuente, “mano dura” en conferencia. Pero la mano dura sin estrategia es solo pose. Y la pose, frente al crimen organizado, es gasolina.
Mientras el Ejecutivo juega a administrar percepciones, el país administra supervivencia. Salud tensionada, educación estancada, minería desordenada, agricultura golpeada, inseguridad instalada como rutina, y una crisis social donde la desnutrición y la alimentación siguen siendo tragedias silenciosas. Eso es desgobierno: no un insulto, sino un diagnóstico. Cuando el Estado llega tarde o no llega, los vacíos se llenan: con economías ilegales, con violencia y con corrupción.
Y aquí entra lo que termina de pudrir la autoridad moral: las reuniones clandestinas con empresarios chinos, sin registro ni transparencia suficientes, que disparan sospechas inevitables. Pero si eso fuera poco, aparece el capítulo más doméstico y más revelador del estilo Jerí: el escándalo de las contrataciones a sus amigas o personas de su cercanía. Porque no hay símbolo más claro del desprecio por lo público que convertir el Estado en círculo social. Un país que pide meritocracia, transparencia y profesionalismo no puede aceptar que el poder se administre como agenda personal.
No hace falta adjetivar de más: cuando un presidente convive con escándalos de opacidad y, al mismo tiempo, permite que el aparato público parezca una bolsa de trabajo para su entorno, la legitimidad se derrumba. Y cuando la legitimidad se derrumba, lo único que queda es el blindaje.
Por eso la salida política se asoma. Y lo más cínico es quién lo sostiene. Jerí no está sostenido por resultados, ni por confianza ciudadana, ni por un proyecto nacional. Está sostenido por cálculo congresal: Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso de César Acuña y algunos aliados circunstanciales que prefieren un presidente débil antes que un Estado fuerte. Porque un presidente débil es negociable. Y un Estado fuerte, no.
Jerí podrá seguir legalmente, pero moralmente ya está fuera. Un presidente sin planes, sin estrategia y con escándalos encima no gobierna: ocupa el cargo mientras el país paga la cuenta.
Reflexión final
El Perú no necesita un influencer con banda presidencial ni un gestor de su propio círculo. Necesita liderazgo con agenda, metas, equipo serio y rendición de cuentas. Porque cuando el poder se dedica a resistir, la gente se dedica a temer. Y una democracia gobernada por el miedo termina abriendo la puerta a cualquier “salvador”, incluso si llega con autoritarismo, corrupción y más desgobierno bajo el brazo. (Foto: Presidencia).