En un país donde la salud pública debería ser un territorio sagrado, las alertas sanitarias se han vuelto rutina. Esta vez, Indecopi informó el retiro del inyectable Megacilina B 1 200 000 UI luego de que Digemid detectara fallas en el control de calidad. La medida es necesaria, sí. Pero también deja un sabor amargo: el Estado —otra vez— actúa cuando el riesgo ya circuló, cuando el producto ya pudo llegar a farmacias, botiquines y, peor, a pacientes.
Según la alerta, el retiro comprende todas las unidades del lote N.° 2304067, con registro sanitario EE-10170, fabricado en Ecuador y comercializado como antibiótico en polvo con ampolla de agua estéril para disolución. Digemid ordenó la salida inmediata del mercado y la destrucción total del producto por no cumplir estándares exigidos por la normativa sanitaria. Traducido: no pasó el examen mínimo que un medicamento inyectable debe superar para ser confiable.
Aquí la indignación es inevitable. Porque un medicamento no es un chocolate mal rotulado ni una prenda con falla de costura: es una sustancia que entra al cuerpo, que se administra en contextos de enfermedad, a veces de urgencia. Si no cumple el control de calidad, las consecuencias pueden ser graves: desde falta de eficacia terapéutica —que puede agravar infecciones— hasta efectos adversos y complicaciones. En antibióticos, además, la ineficacia no solo perjudica a un paciente: alimenta resistencias, encarece tratamientos y eleva el riesgo colectivo.
Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo pasó desde que se detectó la falla hasta que se anunció el retiro? ¿Quién monitorea la trazabilidad en tiempo real? ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Cuántas se aplicaron? En el Perú, demasiadas veces la “prevención” funciona como una sirena: suena después del choque. Se activa cuando hay informe, expediente, trámite, comunicado. Y en ese lapso, el ciudadano queda expuesto.
Indecopi exhorta a la población a no usar el medicamento y a revisar si lo tiene en casa. Digemid habilita un teléfono para consultas. Bien. Pero el subtexto es preocupante: el sistema empuja al ciudadano a convertirse en inspector sanitario. La persona común no conoce lotes, registros, presentaciones ni protocolos. Compra un medicamento bajo una presunción básica: alguien ya verificó antes. Esa confianza es el capital invisible del Estado. Y se erosiona cada vez que la autoridad llega tarde y pide que el usuario “revise”.
También está la dimensión empresarial. El titular del registro sanitario —Grünenthal Peruana S.A.— debe cumplir el retiro y la destrucción. Correcto. Pero no basta con cumplir cuando el escándalo está en marcha. La cadena de seguridad exige controles robustos, auditorías y comunicación inmediata. Si el retiro se vuelve un evento repetido, deja de ser “caso aislado” y pasa a ser síntoma: un mercado regulado con lentitud y supervisado a destiempo.
Que se retire Megacilina es lo mínimo. Lo intolerable es que sigamos enterándonos del peligro cuando ya estuvo disponible. Un Estado serio no solo reacciona: anticipa.
Reflexión final
En salud, la burocracia no es neutral: la demora también hace daño. Digemid e Indecopi no pueden limitarse a apagar incendios; deben evitar que el combustible llegue a la mesa de noche del paciente. Porque si la seguridad sanitaria depende de la “bulla” o de la denuncia, entonces no tenemos un sistema de protección: tenemos un sistema de respuesta tardía. Y con medicamentos, jugar a llegar después no es un error: es una apuesta temeraria con vidas reales. (Foto: Pharmacys.Com).