En política, hay hechos que no requieren sentencia para ser graves: basta con que erosionen la confianza pública. Que el presidente interino José Jerí mantenga un vínculo con el empresario chino Zhihua Yang —un vínculo que se remontaría, al menos, a 2024— no es un detalle de agenda social ni una postal diplomática. Es un síntoma de algo más profundo: la peligrosa costumbre de confundir la gestión del Estado con redes de acceso, relaciones privadas y “coordinaciones” fuera del escrutinio ciudadano.
La información conocida indica que el contacto entre Jerí y Yang se habría dado en espacios de relacionamiento político-empresarial vinculados a actividades parlamentarias y de confraternidad bilateral. Hasta ahí, cualquiera podría decir: normal. Los Estados dialogan, los congresistas se relacionan, los empresarios asisten a eventos. El problema aparece cuando ese vínculo deja de ser meramente protocolar y comienza a orbitrar alrededor del poder real: reuniones fuera de agenda, versiones cambiantes, silencios oportunos y una insistencia en reducirlo todo a “amistad” o “gestiones culturales”. En un país como el Perú, esa explicación no tranquiliza: activa alarmas.
El punto central no es si Jerí “conoció” a Yang. El punto central es qué hizo con ese vínculo y cómo lo administró desde el poder. Cuando uno ocupa la Presidencia —así sea de manera interina— la ética pública se vuelve más exigente que el manual administrativo. No basta con decir “no hubo irregularidad” o “todo fue protocolar”. La ciudadanía necesita certezas, porque la experiencia le ha enseñado que los grandes escándalos casi siempre empiezan con pequeñas normalizaciones: una reunión “informal”, una coordinación “extraoficial”, un intermediario que “solo ayudaba”.
La corrupción moderna rara vez se anuncia con un delito evidente; se instala con una práctica: el acceso privilegiado. Y el acceso privilegiado suele venir acompañado de una frase que pretende cerrar el debate: “no hay nada que ver”. Pero sí hay algo que ver cuando se mezclan intereses privados con espacios de decisión pública. Hay conflicto de interés incluso cuando no hay coima; lo hay cuando la cercanía crea ventaja, cuando una relación personal se vuelve canal, cuando la transparencia llega tarde y solo porque estalló el escándalo.
Aún más corrosivo que la relación en sí es la administración del silencio. Cuando se evade responder con claridad —por parte del Ejecutivo o de actores vinculados al entorno diplomático— el vacío se llena de sospecha. Y la sospecha, en política, es una forma de daño institucional: debilita la autoridad del gobierno, alimenta la desconfianza en las instituciones y convierte cada decisión posterior en objeto de duda. Un Estado serio entiende que la opacidad no es neutral: es gasolina.
Mientras el país enfrenta inseguridad, servicios colapsados y economías ilegales expandiéndose, el poder aparece discutiendo cenas, reuniones, fotografías y explicaciones parciales. Ese contraste indigna porque revela prioridades. Y el ciudadano concluye —otra vez— que la política vive en su trastienda mientras el Perú real paga el costo: con miedo, con precariedad, con desprotección.
La Caja Negra sostiene una regla básica: quien gobierna no puede darse el lujo de la ambigüedad. Si Jerí se vinculó a Yang desde 2024, el país merece una línea de tiempo completa, agendas verificables, motivos precisos, participantes identificados y reglas claras de transparencia y conflicto de interés. No comunicados; no frases defensivas. Hechos. Porque una República no se pierde solo por lo que se hace mal, sino por lo que se tolera, se oculta o se normaliza hasta que ya es tarde. (Foto: La República).