En el Perú, la transparencia dura lo que tarda un comunicado en ser borrado. La Presidencia publicó un mensaje que sugería “acciones legales” contra periodistas por investigar órdenes de servicio otorgadas a mujeres vinculadas a José Jerí; luego lo retiró y lo reemplazó por otro sin la amenaza. Ese gesto —amenazar y después retroceder— no es un error de redacción: es un reflejo de poder mal entendido. Cuando el Estado se incomoda ante preguntas y responde con intimidación, no defiende institucionalidad: la debilita.
La investigación periodística puso sobre la mesa un patrón que, por sí solo, exige auditoría pública: visitas registradas al despacho presidencial y, días después, órdenes de servicio o designaciones por montos de S/6.000 a S/11.000. La Presidencia responde que todo se hizo “según procedimiento”, y que se “pretende informar de manera tendenciosa” los horarios. Pero la discusión no es moralina ni chisme de pasillo: es gestión pública. En el Estado, las coincidencias repetidas dejan de ser coincidencias y se convierten en señales.
Lo más revelador no son los montos —que ya son lo suficientemente altos para ameritar escrutinio— sino la reacción institucional: primero, el reflejo autoritario de advertir demandas; luego, el instinto de supervivencia de borrar el rastro. Eso dice mucho. Porque si todo fue correcto, ¿por qué el apuro de corregir el tono? ¿Por qué la necesidad de disciplinar al mensajero en vez de aclarar con documentos, cronogramas, informes y criterios de selección?
Además, el caso exhibe una distorsión clásica del poder: confundir el despacho público con una sala privada de amistades. Que alguien reconozca un encuentro “personal” con el presidente y, poco después, aparezca contratado o colocado en un cargo, no prueba automáticamente delito, pero sí abre una pregunta legítima: ¿cómo se traza la frontera entre confianza personal y beneficio estatal? En una democracia sana, esa frontera es nítida. En una democracia fatigada, se vuelve neblina conveniente.
Y la prensa, guste o no, existe para despejar esa neblina. El periodismo no “agravia” al Estado por investigar: lo fortalece al exigir rendición de cuentas. La amenaza legal, aunque luego se borre, deja un mensaje peligroso hacia todos: “si preguntas, te expones”. Eso no es institucionalidad. Eso es miedo administrado.
La Presidencia no necesita comunicados reactivos; necesita transparencia proactiva. Si no hay favoritismo, que lo demuestre con evidencia verificable: perfiles, términos de referencia, comparativos, responsables de contratación y trazabilidad completa de decisiones.
Reflexión final
Un gobierno que amenaza a periodistas por investigar y luego borra su propia amenaza se delata: no controla la verdad, controla el impulso. Y ese impulso —el de callar, intimidar y editar— es el que convierte al Estado en botín y a la democracia en trámite. Aquí la pregunta no es si la prensa exagera; la pregunta es por qué el poder se irrita tanto cuando alguien prende la luz. (Foto: RPP).