El Jurado Nacional de Elecciones ha identificado nueve regiones con alto riesgo de conflictividad electoral: Lima, Loreto, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y La Libertad. La advertencia es grave. Lo verdaderamente inquietante es que, una vez más, el Estado parece conforme con diagnosticar el incendio mientras el país espera ver quién trae el extintor. En el Perú, el riesgo se anuncia; la prevención se posterga.
A menos de dos meses de los comicios, se reportan agresiones a candidatos, restricciones al acceso a información electoral y campañas de desinformación que erosionan la confianza pública. En Lima, la polarización amplifica cualquier incidente. En el sur andino —Cusco y Puno— pesan antecedentes de conflictividad social y brechas de información en zonas rurales. En la costa norte —La Libertad, Lambayeque y Piura— la inseguridad y la presencia de economías ilegales contaminan el clima de campaña. En Áncash y Arequipa, la disputa por el uso del espacio público y la presión sobre autoridades locales elevan la temperatura política. En Loreto, la distancia geográfica y la precariedad de servicios complican la llegada de información verificada. El mapa del riesgo no es un dibujo técnico: es un retrato del Estado ausente en territorios donde la democracia llega tarde o llega a medias.
La amenaza principal no es el incidente aislado, sino la narrativa de fraude anticipado. La desinformación actúa como arma de desgaste: instala sospechas sobre actas, custodia y recuentos; convierte errores administrativos en conspiraciones; transforma la duda en certeza emocional. Cuando el Estado responde lento, el rumor gana. Cuando responde con tecnicismos, pierde. Así, la elección deja de ser un procedimiento y se vuelve un plebiscito sobre la credibilidad del sistema.
Se anuncian comisiones, guías y recomendaciones de seguridad. Es un inicio. Pero coordinar no es controlar, ni emitir guías es garantizar protección. En un país atravesado por la violencia, el crimen organizado y la informalidad política, la gestión electoral exige mando operativo, respuesta en tiempo real y vocería única. El riesgo no se mitiga con comunicados; se mitiga con presencia estatal efectiva en cada una de las nueve regiones señaladas.
Exigencias mínimas, hoy, no después
1.- Centro de comando electoral con capacidad de reacción inmediata en Lima, Loreto, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y La Libertad.
2.- Plan anti-desinformación con monitoreo permanente y desmentidos simples y veloces.
3.- Protocolos públicos de crisis: agresiones, bloqueos, sabotaje digital, presión a autoridades electorales.
4.- Vocería regional entrenada y un mensaje institucional coherente.
5.- Transparencia operativa: simulacros, rutas de custodia, auditorías y pedagogía cívica antes del día de votación.
El JNE ha puesto nombres y regiones al riesgo. Ahora falta poner decisión, recursos y tiempo a la prevención. Si el país llega a la jornada electoral con violencia y rumor en el ambiente, el problema no será el conteo, sino la gobernabilidad posterior. Advertir no basta. Prevenir es gobernar. Y gobernar, en democracia, es impedir que el miedo y la mentira decidan por los ciudadanos. (Foto: ATV).