La franja electoral se inventó para que la política compita con ideas, no con billeteras. En el Perú, en cambio, la franja suele competir con otra cosa: con la viveza. Esta semana, la franja terminó en pleito y escándalo, no por propuestas, sino por el aroma persistente a conflicto de interés y por una pregunta que quema: ¿cuándo la “propaganda” se convirtió en una ruta para acomodar plata pública hacia espacios convenientes?.
El episodio es grotescamente simple. A un partido se le asigna dinero público para difundir su campaña. Ese dinero no es del candidato, ni del fundador, ni del dueño del logo: es del contribuyente. Sin embargo, en Primero la Gente, una parte importante del presupuesto habría sido dirigida hacia una empresa vinculada a Nativa Televisión, canal asociado al entorno de su fundador Miguel del Castillo. En cualquier democracia que se respete, esto no se llama “estrategia”; se llama alerta.
La candidata Marisol Pérez Tello sale entonces con el clásico kit de supervivencia política: “no sabíamos”, “no nos informaron”, “fue unilateral”, “no lo vamos a usar”. El problema es que, en campaña, la ignorancia no absuelve: delata desorden o encubrimiento. Si la dirigencia no controla la caja, ¿qué controla? Y si sí la controla, entonces el “no sabía” es una coartada demasiado cómoda.
Acto seguido, Del Castillo renuncia a su candidatura parlamentaria por “motivos personales”. En el Perú, los “motivos personales” suelen ser el eufemismo más barato para evitar decir lo obvio: la presión pública. Él afirma que ya no tiene participación en el canal desde 2025 y que no se desvió nada. Perfecto: entonces que se transparente todo con la rapidez que el país jamás ve cuando el dinero ronda la política. Porque aquí no basta con “yo juro”; aquí la ciudadanía ya aprendió que el juramento dura lo mismo que un titular.
Pero el escándalo crece cuando aparece Carlos Álvarez con otro capítulo del mismo libreto: su partido también habría destinado una suma fuerte de franja al mismo medio, y él asegura que no fue consultado. Luego amenaza con renunciar si no se aclara el tema y lanza una verdad incómoda: si la franja termina siendo un “negociado”, ¿por qué el Estado insiste en financiar campañas sin candados más fuertes? Esa pregunta no es populismo: es sentido común.
Lo que está en juego no es dónde salen los spots. Lo que está en juego es el respeto mínimo por el dinero público. La franja electoral no puede operar como si fuera una “bolsa” donde algunos deciden, sin control real, quién cobra y cuánto cobra.
Reflexión final
En un país con muertos por la violencia, con extorsión diaria y con servicios públicos que se caen a pedazos, la política no tiene derecho a jugar con la plata de todos como si fuera utilería de campaña. La franja electoral debía ser democracia en pantalla; hoy parece un mercado en disputa. Y cuando la política convierte la franja en negocio, el ciudadano no solo pierde confianza: pierde el derecho a creer. (Foto: Perú 21).