Que el Seguro Social no garantice medicamentos esenciales a más de 13 millones de asegurados no es una contingencia técnica: es un fracaso estructural del Estado. La falta de fármacos oncológicos, crónicos y de uso básico revela una gestión que reacciona tarde, comunica mal y prioriza la emergencia por encima de la planificación. En un sistema que se financia con el aporte de millones de trabajadores, la interrupción de tratamientos no es un error administrativo: es una ruptura del contrato social.
En diversos hospitales del país se reportan faltantes de medicamentos que obligan a reprogramar citas, suspender quimioterapias y trasladar el costo del tratamiento a las familias. El impacto es directo: pacientes que no reciben lo que el sistema les prometió cubrir. La crisis no es episódica; se repite en distintas redes asistenciales, lo que indica una falla transversal de la cadena de abastecimiento. En la práctica, el paciente termina peregrinando entre ventanillas, mientras la respuesta institucional se diluye en anuncios sin plazos precisos.
La explicación es conocida y, por ello, más grave: compras que no se inician con la anticipación debida, programación deficiente de necesidades, y un uso recurrente de adjudicaciones de emergencia que encarecen el gasto público. Cuando se espera a que el stock caiga a niveles críticos para recién comprar, el sistema se vuelve rehén del proveedor y del precio más alto. Es una lógica que castiga dos veces: al paciente, que pierde continuidad terapéutica; y al contribuyente, que paga sobrecostos por la improvisación.
A esto se suma la inestabilidad directiva. Los cambios frecuentes de autoridades fragmentan la memoria institucional, debilitan la rendición de cuentas y convierten la gestión del abastecimiento en una carrera de corto aliento. En ese escenario, la salud deja de ser política de Estado para convertirse en agenda coyuntural. El resultado es un circuito perverso: planificación tardía, emergencia permanente, gasto ineficiente, y una ciudadanía cada vez más desconfiada.
EsSalud dispone de sistemas de información para monitorear inventarios y procesos de compra. Si el desabastecimiento persiste, no es por desconocimiento, sino por falta de conducción técnica y control efectivo. La ética pública exige algo elemental: que la administración anticipe, transparente y rinda cuentas. Cuando la omisión interrumpe tratamientos que sostienen la vida, la responsabilidad ya no es abstracta; es concreta y exigible.
La Caja Negra sostiene que esta crisis no se resuelve con comunicados ni promesas genéricas. Se requiere: (1) un cronograma público, hospital por hospital y medicamento por medicamento, (2) priorización inmediata de terapias oncológicas y crónicas, (3) auditoría independiente de la cadena de abastecimiento y de las compras de emergencia, (4) sanciones administrativas por rupturas de stock previsibles, y (5) plan anual de compras con control ciudadano.
En salud, el tiempo no se negocia. Cada día sin medicinas es un día en que el sistema le falla al paciente. Y un seguro social que no asegura tratamientos no solo pierde eficiencia: pierde legitimidad. Aquí no se piden milagros; se exige gestión. Y esa exigencia es hoy. (Fuente: Infobae).