Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí comparten un denominador común que ya no puede maquillarse como “errores aislados”: desgobierno y escándalos. La similitud no solo es evidente; es peligrosa para una democracia fatigada. Porque cuando tres gestiones consecutivas quedan atrapadas en relatos de reuniones opacas, entornos con poder informal y decisiones bajo sospecha, lo que se debilita no es solo la imagen del gobernante de turno: se erosiona la idea misma de Estado. El país empieza a creer —con razones— que la Presidencia no está para ordenar el rumbo, sino para administrar crisis.
Con Pedro Castillo, el símbolo fue la informalidad convertida en sistema: reuniones clandestinas fuera de agenda, visitas sin explicación suficiente, y denuncias de favoritismo que apuntaban a licitaciones y contrataciones alrededor del poder. El mensaje fue devastador: la máxima autoridad podía operar como un despacho paralelo, donde el procedimiento era reemplazado por la cercanía. Luego llegó Dina Boluarte y el libreto cambió de vestuario, pero no de esencia: los señalamientos por relojes y joyas, los viajes y decisiones cuestionadas, la percepción de protección política, y la sombra de contrataciones discutibles en el Estado. La Presidencia se volvió un terreno de controversia permanente, con respuestas tardías y una legitimidad cada vez más frágil. Ahora, con José Jerí, el patrón reaparece con nuevos protagonistas: reuniones extraoficiales con interlocutores extranjeros, visitas que disparan dudas y contrataciones que alimentan la sospecha de un Estado utilizado como plataforma de beneficios.
La coincidencia no es anecdótica: es estructural. En el Perú, la opacidad se ha normalizado como método de supervivencia política. Cuando el poder no se rinde cuentas a sí mismo, el Estado se vuelve un territorio de acceso privilegiado: quien se aproxima, influye; quien entra, negocia; quien acompaña, consigue. Se instala así la lógica del “pasadizo alterno”: lo que no resiste el trámite regular, busca el atajo. Y el problema no es solo el atajo; es que termina gobernando el atajo.
Lo más corrosivo es la repetición del mismo ciclo: estalla el escándalo, se promete aclarar, se administra silencio, se ofrece una versión incompleta y se espera que el siguiente escándalo tape al anterior. La política se vuelve espuma: ruido alto, sustancia baja. Y mientras el país se entretiene o se indigna, los problemas reales avanzan sin oposición: inseguridad desbordada, servicios de salud al límite, educación con brechas, corrupción enquistada y economías ilegales expandiéndose donde el Estado no llega.
El ciudadano no mide al gobierno por comunicados, sino por resultados. Cuando la Presidencia se consume en defenderse, el Estado entra en piloto automático. Y el costo lo paga la gente: en tiempo, dinero, miedo y desesperanza. Cada escándalo no es solo una noticia: es un día menos de gestión. Y en un país con urgencias diarias, perder días es perder vidas y oportunidades.
La Caja Negra sostiene que este denominador común debe ser enfrentado con reglas, controles y sanciones, no con resignación. Porque el problema ya no es quién ocupa Palacio, sino cómo se ejerce el poder: con transparencia o con entorno; con instituciones o con atajos. Sin corrección, la democracia se acostumbra a lo inaceptable.
Castillo, Boluarte y Jerí son rostros distintos de una misma degradación: la política que reemplaza gobierno por escándalo y rendición de cuentas por excusa. El Perú no necesita otro capítulo de esta serie. Necesita, de una vez, un Estado que gobierne y un poder que responda. (Foto: Democracia Conetada).