Es una vergüenza nacional que, con el país tomado por la extorsión y el miedo, el presidente interino José Jerí haya dejado pasar cuatro meses sin concretar un Plan Nacional contra la Criminalidad. En lugar de estrategia, calendario; en lugar de liderazgo, prórrogas. El propio gobierno ha tenido que aplazar por segunda vez la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, como si el crimen organizado aceptara “nuevos plazos” y el ciudadano pudiera vivir en “edición preliminar” de seguridad.
La receta repetida desde el gobierno de Dina Boluarte se mantiene intacta: estados de emergencia como parche y show operativo como consuelo. El problema es que la emergencia permanente ya no asusta al delincuente: lo acostumbra. Y mientras se declara la excepción, la normalidad real sigue siendo la misma: cobro de cupos, negocios sitiados, asesinatos que se multiplican, barrios que aprenden a vivir con el “paga o muere”. Sin plan integral —prevención, inteligencia, investigación criminal, control territorial, cárceles, fiscalías y ejecución— la “mano dura” se reduce a una frase de campaña.
Pero la vergüenza no termina en el papel que no se entrega. La Defensoría del Pueblo ha expuesto lo que el discurso oficial evita: el 80% de comisarías no cuenta con personal suficiente, y se necesitarían más de 600 oficiales, cerca de 17.000 suboficiales y más de 500 trabajadores civiles. ¿Qué plan serio puede funcionar si el primer frente del Estado está subdotado y exhausto? Peor aún: la precariedad operativa es indigna. Comisarías sin telefonía fija, sin internet, con radios escasos, con flotas inoperativas. El Estado le pide heroísmo a la policía, pero le entrega carencias. Luego, para completar el absurdo, se sorprende de que el patrullaje no llegue.
Y mientras el gobierno posterga el plan, las cifras no se maquillan con conferencias. Registros basados en SINADEF muestran que el 2025 cerró con más de 2.200 homicidios, el año más sangriento en registros recientes. La estadística no “opina”: sentencia. La muerte avanza y la gestión se queda explicando por qué aún no está listo el documento.
A todo esto se suma el desgaste político de Jerí por cuestionamientos de transparencia vinculados a reuniones no registradas con un empresario chino, un ruido que erosiona autoridad justo donde más se necesita conducción.
Jerí no solo ha fallado en entregar un plan: ha fallado en dar dirección. En seguridad, la improvisación no es un error administrativo; es una concesión indirecta al crimen.
Reflexión final
Un país no se defiende con prórrogas. Se defiende con Estado: comisarías con personal, tecnología, vehículos, inteligencia y metas medibles. Si en cuatro meses no hubo capacidad de convocar y producir un plan serio, entonces no estamos ante una demora: estamos ante una confesión. Y cuando el Estado confiesa su debilidad, el crimen no pide permiso: ocupa el espacio. (Foto: La República).