Hay países donde los partidos compiten por ideas, equipos y resultados. Y hay otros —como este Perú exhausto— donde algunos compiten por ver quién normaliza mejor la vergüenza. Que Alianza Para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, lleve en sus listas 53 candidatos con sentencias firmes no es una “anécdota” electoral: es una señal de alarma institucional. Peor aún: la ciudadanía se entera no por un filtro riguroso del sistema electoral, sino por una investigación periodística. ¿De verdad ese es el estándar de la democracia peruana: enterarnos por televisión de lo que el Estado debía impedir o, como mínimo, transparentar de frente?.
El dato es brutal y está documentado: 53 postulantes con condenas firmes, es decir, no “rumores”, no “carpetas fiscales”, no “denuncias en trámite”. Son sentencias. Según el dominical Cuarto Poder, ese universo representa aproximadamente el 20% de la oferta electoral de APP: 32 postulan a la Cámara de Diputados, 20 al Senado y 1 al Parlamento Andino.
La lista incluye delitos que no son “detalles administrativos”: se mencionan casos vinculados a corrupción, violencia familiar, omisión a la asistencia familiar, lesiones y homicidio culposo, entre otros. Y aquí aparece la coartada favorita del sistema: “cumplieron pena”, “están rehabilitados”, “la ley lo permite”. Perfecto: la ley podrá permitir postular, pero la política no debería permitir premiar. Una cosa es el derecho a reinsertarse y otra, muy distinta, es convertir al Congreso en una sala de espera para antecedentes.
¿Dónde están los organismos electorales cuando el país necesita filtros reales?. ¿El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE son árbitros o simples registradores de papeles?. Porque si el control de idoneidad queda reducido a “si está en la hoja de vida, pasa”, entonces el sistema no protege la democracia: la expone.
Y mientras tanto, en la campaña se seguirá vendiendo moralina en mítines y “mano dura” en slogans, como si la ética fuese un accesorio de temporada. La ciudadanía mira esta escena —sentencias firmes en fila, propaganda en marcha— y entiende el mensaje: la política peruana no se depura; se acostumbra.
APP no es un caso aislado; es un síntoma obsceno de un ecosistema que premia el cálculo y castiga la decencia. Pero que un partido aspire a gobernar con 53 sentenciados firmes en su vitrina electoral revela una verdad incómoda: aquí no falta información, falta vergüenza pública y sobran “excusas legales” para justificar lo injustificable.
Reflexión final
Las Elecciones 2026 ya cargan demasiados escándalos como para añadir uno más al menú de la resignación. Si el periodismo está haciendo el trabajo que el Estado no hace, entonces el problema no es solo APP: es el colapso de los filtros y el triunfo de la impunidad maquillada de trámite. La democracia no se muere de golpe; se pudre cuando la indignación deja de sorprendernos. Y hoy, lo verdaderamente indignante sería acostumbrarnos.