Cuatro meses sin un Plan Nacional contra la Criminalidad no son una demora administrativa: son una señal política. En un país donde la extorsión se ha convertido en “impuesto” informal, donde el sicariato marca agendas y donde el miedo reordena la vida cotidiana, la ausencia de un plan integral equivale a gobernar a ciegas. Y cuando el Estado no conduce, otros ocupan el espacio. La seguridad ciudadana no admite borradores eternos: exige dirección, ejecución y resultados medibles.
El hecho es concreto: el Ejecutivo ha aplazado, por segunda vez, la presentación del Plan de Seguridad Ciudadana. El problema no es solo el documento que no llega, sino el método que se insiste en reemplazarlo: estados de emergencia como respuesta principal. El país se ha acostumbrado a la excepción como rutina. Pero una emergencia prolongada no construye seguridad; administra crisis. En el terreno, la delincuencia se adapta, diversifica y se organiza. El ciudadano, en cambio, solo aprende a sobrevivir.
Un plan serio no puede reducirse a anuncios de patrullaje. Debe integrar prevención focalizada, inteligencia criminal, investigación policial sostenida, control territorial real, fortalecimiento de fiscalías, articulación con gobiernos locales, política penitenciaria y un esquema de seguimiento con indicadores. Sin ese marco, la “mano dura” se convierte en consigna. Y en seguridad, las consignas no detienen balas ni desactivan redes de extorsión.
La Defensoría del Pueblo ha expuesto la dimensión estructural del problema: el 80% de comisarías no cuenta con personal suficiente. Se requieren más de 600 oficiales, cerca de 17.000 suboficiales y más de 500 trabajadores civiles. Esta brecha no es una estadística: es la explicación de por qué el patrullaje no llega, por qué la denuncia no avanza y por qué el Estado aparece tarde o no aparece. Peor aún: la precariedad logística es inaceptable. Comisarías sin internet, sin telefonía fija, con radios escasos y flotas inoperativas. Se exige eficacia, pero se entrega carencia. Luego se pide “mística” como sustituto de presupuesto, gestión y tecnología.
Las cifras de violencia letal también pesan. Registros basados en SINADEF señalan que 2025 cerró con más de 2.200 homicidios. La estadística no opina ni polariza: describe un deterioro que ya no cabe en discursos tranquilizadores. En este escenario, aplazar un plan no solo retrasa soluciones: debilita la confianza pública y normaliza la idea de que el Estado no tiene control.
A ello se suma un factor de autoridad. Los cuestionamientos sobre reuniones no registradas con un empresario extranjero erosionan credibilidad justo donde más se requiere liderazgo para convocar a instituciones, gobernadores, alcaldes, fiscales y sociedad civil. En seguridad, la conducción no es ornamental: es operativa.
José Jerí llega al cuarto mes sin entregar el plan que el país necesita. Y sin plan, la política pública se vuelve improvisación; la improvisación, concesión; y la concesión, ventaja para el crimen organizado.
El Perú no necesita más prórrogas ni más rituales de emergencia. Necesita Estado: comisarías equipadas, personal suficiente, inteligencia, tecnología, coordinación interinstitucional y metas verificables con plazos públicos. Si en cuatro meses no hubo capacidad de producir una estrategia integral, no estamos ante una simple demora: estamos ante una confesión de debilidad. Y cuando el Estado confiesa debilidad, el crimen no negocia: avanza. (Foto: La República).