En campaña, los partidos juran que vienen a “servir al país”. Pero cuando aparece el dinero público, algunos parecen venir a servirse del país. La franja electoral existe para que el ciudadano reciba propuestas en igualdad de condiciones, no para que los partidos ensayen atajos con recursos de todos. Y, sin embargo, en estas Elecciones 2026, el mecanismo está dejando una pregunta incómoda: ¿publicidad electoral o favores camuflados?.
El caso que hoy retrata el problema tiene sello naranja. Fuerza Popular destinó S/30.800 de la franja electoral a Radio Kaliente, una emisora cuya empresa —TELEJAC S.A.C.— se constituyó recientemente y cuyos directivos están afiliados al partido. El detalle que enciende todas las alertas es que uno de sus socios, Javier Alejandro Castro Cruz, no es un tercero cualquiera: postula a la Cámara de Diputados con el número 5 en las elecciones 2026. La gerente del medio, Tania Burgos Solano, también figura como militante. Legalmente podrá “no estar prohibido”; políticamente es una postal perfecta del conflicto de interés.
La pauta tampoco es simbólica: se programó varias veces al día durante semanas. Y mientras el ciudadano cree estar financiando un sistema de equidad, termina viendo cómo su dinero circula en una ruta donde el proveedor y el beneficiario político se sientan en la misma mesa. Lo mínimo exigible aquí no es un comunicado indignado, sino transparencia quirúrgica: ¿quién decidió esa contratación?, ¿con qué criterios?, ¿por qué esa radio y no otra?, ¿cómo se evitó que un candidato termine beneficiándose, directa o indirectamente, de la caja pública?.
El problema de fondo no es una sola radio. Es el precedente. Porque si un partido normaliza que un afiliado-candidato tenga un medio receptor de franja, la política abre la puerta a una práctica tan vieja como rentable: convertir la campaña en un circuito de premios internos. Y cuando el dinero es público, el daño es doble: se erosiona la confianza en el proceso y se alimenta la sensación de que la democracia es un mercado donde se compra vitrina con plata ajena.
La ONPE podrá decir que el marco lo permite, que hay un catálogo y que los partidos eligen. Pero precisamente ahí está la grieta: una norma que tolera estas zonas grises no protege la franja, la desnaturaliza. Y la desnaturalización termina siendo gasolina para el descrédito, el cinismo y la apatía. Luego se preguntan por qué el voto se vuelve castigo.
El fujimorismo no está siendo cuestionado por hacer propaganda. Está siendo cuestionado por cómo se usa un mecanismo financiado por todos, en un contexto donde el proveedor está políticamente alineado y uno de sus socios compite por un cargo. Eso no es “estrategia”; es una alerta ética.
Reflexión final
Si hoy se justifica todo con un “no es ilegal”, mañana se justificará el abuso con la misma frase. La franja electoral debía elevar la democracia, no embarrarla. Y cuando el ciudadano ve que su dinero termina reforzando redes partidarias, la pregunta final es brutal: ¿para qué votamos, si hasta la publicidad la reparten entre los suyos?. (Foto: Infobae).