El Gobierno de José Jerí continúa sin presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en plena crisis de inseguridad. Y ya ni siquiera sorprende: en el Perú, la delincuencia trabaja a jornada completa y el Estado “reprograma” reuniones. Jerí prometió el plan para inicios de enero; luego vinieron las prórrogas, dos aplazamientos y una nueva fecha que se esfumó como se esfuman las promesas cuando se convierten en estorbo. Mientras tanto, SINADEF reporta 188 asesinatos en lo que va del 2026. La diferencia es cruel: el crimen no posterga.
La ausencia del plan no es un detalle técnico; es una confesión política. Un gobierno que no puede entregar una ruta mínima de seguridad —en el tema más urgente del país— no está administrando: está improvisando. Y cuando el Estado improvisa, el crimen se organiza. La extorsión se vuelve “tarifa”, el sicariato se vuelve mensaje, y la vida cotidiana se reduce a una estrategia de supervivencia: cambiar de ruta, cerrar temprano, no mirar, no denunciar, no existir demasiado.
Pero Jerí no ofrece estrategia. Ofrece estados de emergencia como si fueran el botón universal de “arreglar país”. Emergencias eternas para problemas estructurales. Se militariza, se patrulla, se hace el show… y el ciudadano sigue sin sentir Estado. Porque la emergencia no reemplaza la inteligencia policial, ni la investigación criminal, ni el trabajo fiscal, ni el control territorial real. Una emergencia sin plan es como poner un candado nuevo en una puerta sin paredes: el símbolo queda bonito, el vacío sigue abierto.
Para colmo, cuando los números se vuelven insoportables, aparece la vieja receta peruana: discutir el termómetro. Desde la PNP se cuestiona a SINADEF, como si la ciudadanía se sintiera más segura porque un funcionario le diga que el conteo “no cuadra”. El ciudadano no vive en un debate de bases de datos; vive en el transporte público con miedo, en la bodega que paga cupo, en el colegio que adelanta salidas, en el barrio que aprende a callar.
Y el problema no es solo que no haya plan: es que no hay conducción. Un plan serio exige convocar, articular, ordenar y medir. Exige definir prioridades (extorsión, sicariato, crimen organizado), fortalecer comisarías, asignar recursos, integrar gobiernos locales, profesionalizar inteligencia, cortar finanzas criminales y fijar metas públicas verificables. Sin eso, lo que queda es propaganda y reflejos. Y los reflejos no detienen balas.
Mientras el Ejecutivo dilata, la desconfianza crece. La desaprobación del presidente se dispara y la sensación de inseguridad se extiende por calles, barrios y transporte. No es “crisis de comunicación”. Es crisis de autoridad. Porque si el Gobierno no puede cumplir lo básico —presentar el plan que prometió— ¿por qué alguien debería creer que controlará el territorio?.
Jerí no gobierna la seguridad: la aplaza. Y en un país donde el crimen no descansa, aplazar es ceder.
Reflexión final
El Plan Nacional de Seguridad se ha convertido en el “Dios mediante” del Palacio: siempre está por llegar, nunca llega. Pero la calle no vive de esperanza administrativa. Vive de presencia estatal, inteligencia, justicia y resultados. Si el Gobierno sigue pateando el papel, el crimen seguirá pateando la puerta. Y cuando el Estado llega tarde, ya no llega a proteger: llega a contar víctimas. (Foto: La República).