Cuando un gobierno pierde el control del relato, intenta recuperar el control del escenario. Y cuando además carga cuestionamientos por reuniones clandestinas, visitas nocturnas en Palacio y presuntas contrataciones posteriores, el manual de supervivencia política suele activar una fórmula conocida: un operativo mediático, con fotos, titulares y “mano dura”, para que la conversación pública cambie de carril. Eso es lo que muchos han leído en la reciente requisa en Barbadillo: una acción que puede ser necesaria, sí, pero que fue exhibida como trofeo justo en medio de la tormenta que rodea a José Jerí. El problema no es que se fiscalice una cárcel. El problema es cuándo, cómo y para qué se lo convierte en espectáculo.
El operativo en el penal donde cumplen prisión varios expresidentes se presentó como una intervención frente a presuntos privilegios carcelarios. Se difundieron hallazgos —electrodomésticos, aparatos, implementos— y la narrativa giró rápidamente hacia la indignación por “comodidades indebidas”. A la par, se instaló el debate sobre un trato diferenciado en comparación con periodos anteriores, así como el cuestionamiento por la filtración de imágenes y la insistencia de requisas en lapsos cortos. En paralelo, el país no dejó de registrar lo urgente: extorsión, sicariato, crisis de gestión y escándalos en Palacio. Pero de pronto, el foco era otro. Y demasiado oportuno.
Aquí hay dos verdades que el poder intenta mezclar para salir ganando. Primera: si existen privilegios penitenciarios, deben investigarse y corregirse. Nadie defiende una cárcel boutique. Segunda: convertir una intervención penitenciaria en show político es irresponsable y corrosivo. Porque no apunta a reformar el sistema penitenciario; apunta a manejar la agenda.
La política del “efecto” tiene un costo: degrada instituciones. El INPE no puede ser un set de televisión del Ejecutivo. La PNP no puede prestarse —ni parecer prestarse— a una operación de imagen. Y el ciudadano no puede ser tratado como público de distracción: hoy “mira la requisa”, mañana “olvida el chifa”, pasado “no preguntes por las visitas”. Esa lógica no combate la corrupción: la administra.
Además, la filtración de imágenes abre una línea delicada: ¿quién autorizó, quién fotografió, quién entregó, quién decidió el momento? Porque si el objetivo era control penitenciario, bastaba con actas, procedimientos y sanciones internas. El “glamour” de la foto en portada es otra cosa: es política. Y cuando la política entra a la cárcel por la puerta de atrás, lo que se instala es una sospecha mayor: uso instrumental del sistema.
La Caja Negra sostiene que el gobierno de Jerí está intentando compensar su crisis de credibilidad con golpes de efecto. Pero la seguridad ciudadana no mejora con una requisa difundida; mejora con inteligencia, investigación, fiscales protegidos, policías depurados y política criminal coherente. La extorsión no retrocede porque se exhiba un ventilador: retrocede cuando el Estado desarma redes, corta financiamiento, controla penales con reglas claras y sin propaganda.
Si Barbadillo requiere orden, que haya orden, sin privilegios y con controles permanentes. Pero si el poder usa Barbadillo como cortina para tapar escándalos, el país debe decirlo sin miedo: la mano dura escenificada es una forma de debilidad. El Perú no necesita más shows. Necesita gobierno. Y un gobierno que no gobierna, distrae. Eso no es autoridad: es un atajo. Y los atajos, en política, terminan siempre en el mismo lugar: más desconfianza, más crisis y menos democracia. (Foto: LR).